El Gobierno de Zapatero siguió dando dinero público a la empresa contratista del Yak-42

Tragedia del Yak-42

El Gobierno de Zapatero siguió dando dinero público a la empresa contratista del Yak-42

    Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior

    El Ejecutivo socialista aprobó en 2008 una partida de 247.000 euros para la empresa británica Chapman Freeborn. La tragedia del Yak-42 estuvo rodeada de despropósitos gubernamentales y empresariales. Desde la cuestionable gestión de Federico Trillo hasta las subcontrataciones del vuelo, nada sucedió como debería haberlo hecho.
     
    El transporte aéreo de los soldados españoles se convirtió en una especie de matrioska rusa, donde la empresa contratista, el grupo británico Chapman Freeborn, subcontrató hasta en cuatro escalones los vuelos militares.
     
    De su filial, Chapman Freeborn Airchartering, subcontrató el servicio a la compañía irlandesa, Volga-Dnepr Airlines Ltd, que hizo lo propio con la turca Adriyatik Ltd. Esta empresa subcontrató a su vez esos servicios a la libanesa JTR Company S.A.L, que subcontrataría más tarde, y por último, a la empresa ucraniana, Ukranian Mediterranean Airlines Ltd. el transporte de los soldados.
     
    Todo ello supuso una reducción paulatina en el presupuesto para aviones y pilotos.

    Yak Rubalcaba

    Pues bien, tal y como ha avanzado el diario ABC en la mañana de este miércoles, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero continúo otorgando subvenciones y ayudas a la empresa contratista, la británica Chapman Freeborn, a través de su filial española, Chapman Freeborn Airchartering.
     
    Según revela el Boletín Oficial del Estado del 6 de febrero de 2008, el Ejecutivo de Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba al mando del Ministerio del Interior, órgano responsable de la dirección general de Protección Civil y Emergencias, otorgó una subvención de 274.116 euros a Chapman Freeborn Airchartering por la “atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica”.
     
    Cuatro años y medios después de la tragedia donde murieron 62 militares, el Gobierno seguía contratando los servicios de una empresa que había sido condenada, junto a las otras subcontratadas, a indemnizar a las familias con más de nueve millones de euros.

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