Procesados por terrorismo los 9 supuestos agresores de los guardias civiles de Alsasua

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela les tomará declaración indagatoria el 20 de diciembre e impone a cada uno una fianza de 6.000 euros. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acuerda el procesamiento de los nueve investigados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas la noche del pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra), por delito de terrorismo en concurso con delitos de atentado, de lesiones y de provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos.
 
En un auto, la titular Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, procesa y cita para declaración indagatoria, el próximo 20 de diciembre, a Jokin Unamuno Goicoetxea, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa, Julem Goicoechea Larraza, Jon Ander Cob Amilibia, Iñaki Abab Olea, Oihan Arnanz Ciordia, Ainara Urquijo Goicoechea y Aritz Urdangarín Cano. A todos ellos les impone una fianza de 6.000 euros con la finalidad de cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de los hechos atribuidos.
 
La resolución judicial relata lo ocurrido la noche de los hechos cuando el teniente de la Guardia Civil y el sargento se encontraban de paisano y fuera de servicio en el bar Koxka en compañía de sus parejas, cuando en un momento determinado uno de los procesados se dirigió al sargento diciéndole que no tenía derecho a estar allí, interviniendo entonces el teniente para que les dejara en paz. Y añade que entre tanto, la gente del bar, entre 20 y 25 personas, se fueron acercando y rodeando a los agentes y sus parejas comenzando a insultarles y amenazarles con expresiones como “esto os pasa por venir aquí”, “tenéis lo que os merecéis”, “iros de aquí”, “putos pikoletos” o “txakurras”, entre otras expresiones, para a continuación empezar a golpearles».
 
Cuando los cuatro agredidos trataron de salir del bar, sigue el auto, se encontraron en la calle con otro grupo de entre 15 y 20 personas que, junto con las anteriores, continuaron insultándoles y golpeándoles hasta que se personaron en el lugar dos agentes de la Policía Foral.
 
La magistrada asegura que entre las personas que protagonizaron las agresiones e insultos han podido ser reconocidos los nueve procesados, quienes “conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”.
 
En la resolución se explica que horas más tarde, se llevó a cabo una concentración contra la Guardia Civil en Alsasua con el lema “Aldehemendik” (fuera de aquí) y enmarcado en el “Ospaeguna” (Día de la huida) al objeto de desmentir la versión oficial de lo sucedido, portando los asistentes pancartas con el logo habitual de ETA (flecha sinuosa de dos puntas).
 
Los actos reflejados, dice la juez, se desarrollaron dentro del ambiente del movimiento “Alde Hemendik” cuyo objetivo principal desde sus inicios (1998-1999) es la negativa a la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas en Navarra y País Vasco, campaña promovida inicialmente por Gestoras pro Amnistía y que ha contado con el apoyo de Jarrai, Haika y Segi, “persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares abertzales vinculadas al entorno abertzale radical”. 
 
Añadiendo que «a tal efecto, realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los cuerpos y fuerzas de seguridad, fundamentalmente la  Guardia Civil, y sus familias,  “buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad”.
 
En la localidad de Alsasua y encuadrado en la campaña “Alde Hemendik” se destaca la existencia de un colectivo local que la desarrolla, conocido como Ospa Mugimendua, cuyos principales promotores serían dos de los procesados  y en el que también podrían estar integrados el resto de investigados, quienes “habrían participado en determinados actos y celebraciones”. 
 
En su auto, la juez detalla los indicios contra cada uno de los procesados, que se extraen de las declaraciones de los perjudicados, de los reconocimientos realizados por ellos, los informes médicos de las lesiones sufridas, así como de los informes y reportajes fotográficos emitidos por los investigadores.