La investigación de la trama corrupta ya se ha cobrado dos dimisiones, mientras siguen en el centro de la diana el número tres del Gobierno regional y el diputado Bartolomé Casas. El Gobierno de Cristina Cifuentes continúa acorralado por la red Púnica, ya que varios de los diputados regionales designados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, están siendo investigados por su participación en esta trama corrupta durante el ejercicio de sus cargos anteriores.
El sumario del ‘caso Púnica’ ya ha dejado dos ‘cadáveres’ políticos: el de Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles, que fue el primer diputado del PP de Madrid que dimitió por verse involucrado en esta trama de corrupción; y el del hasta ahora director general de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno, quien presentó su renuncia al cargo esta misma semana.
Daniel Ortiz dimitió de todos sus cargos -diputado, concejal portavoz del grupo y presidente del PP en Móstoles- el pasado mes de julio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le citara a declarar en calidad de investigado –antes imputado- por su presunta implicación en la trama, algo que tuvo que hacer el TSJM, ya que el juez instructor de la causa, Eloy Velasco, no podía hacerlo por estar aforado.
Y es que el juez Velasco considera que Ortiz podría haber utilizado su condición de alcalde de Móstoles para interceder y “presionar” para adjudicar en 2014 a la empresa Cofely un contrato de suministros y servicios energéticos de 73 millones de euros a cambio de comisiones por 746.000 euros, un comportamiento en el que el magistrado ve indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a la administración pública y cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
Tres meses después, concretamente el pasado jueves, era el director de Industria el que abandonó el Ejecutivo de Cifuentes, sólo un día después de conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dice que López Jimeno hizo pagos por valor de 200.000 euros entre 2010 y 2012 desde la Fundación de la Energía de la Comunidad (una institución semipública de la que participa la Administración regional) a la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL, de la que él mismo era copropietario en dicho periodo con un 20% del capital.
Pero la ‘pesadilla’ de Cifuentes aún no ha concluido, ya que quedan algunas piezas que aparecen en este entramado- que mantiene en prisión a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, desde octubre de 2014- que aún no han presentado la dimisión. Uno de ellos es su número tres, Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, y el otro el diputado regional Bartolomé Casas.
A González Taboada, David Marjaliza, presunto cerebro de la Púnica, le acusa de cobrar un tercio de las mordidas que pagaban los constructores a cambio de adjudicarles obras del Plan Prisma y además el juez le investiga por la gestión irregular de fondos de Arpegio, pero Cifuentes pone por él la mano tanto en el fuego que no sólo no le ha pedido que dimita sino que, ignorando las sospechas, le nombró vocal de Arpegio, ahora Nuevo Arpegio, el ente público investigado precisamente por el juez Eloy Velasco por irregularidades en sus adjudicaciones.
Otro miembro del equipo de Cifuentes que lleva señalado por la Guardia Civil desde septiembre como receptor de comisiones es el diputado regional Bartolóme González, ya que los investigadores consideran acreditado que la trama corrupta le pagó 60.000 euros cuando era alcalde de Alcalá de Henares a cambio de adjudicar un contrato municipal a la empresa Cofely. El pago se habría realizado a través de una empresa de construcción vinculada a David Marjaliza. Sin embargo, Cifuentes no ha exigido su cabeza y se ha limitado a anunciar que dimitirá si finalmente es imputado formalmente.
Los contratos de Arturo Fernández
Además, el nombre de Cifuentes aparece en una nueva línea de investigación sobre la financiación del PP que ha abierto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la pieza 14 del sumario según informaba elconfidencial.com
Este digital asegura que la UCO ha hallado nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico y asegura que uno de los contratos que se investigan fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid.
Polémicas adjudicaciones
Por otra parte, el Gobierno autonómico también ha licitado algunos contratos muy controvertidos por afectar a empresas salpicadas por la Gürtel de los que ya informó en su día ElBoletin.com. Una de estas decisiones polémicas ha sido la de encargar la rehabilitación de un palacio en el distrito de Carabanchel a una filial del Grupo Ortiz, una empresa que –a pesar de aparecer en el sumario de la Gürtel, estar salpicado por la Púnica y haber reconocido que financió irregularmente a Convergència, se ha hecho con un contrato de 200.000 euros.
