España ‘olvida’ la salud de los presos

Organizaciones médicas denuncian el precario acceso a la sanidad de las personas presas. Si ya es complicada per se la vida en la cárcel, imagina si el recluso no pudiera acceder a la sanidad. Ese es uno de los principales problemas que acontecen en las cárceles españolas, donde los presos se encuentran un camino lleno de obstáculos cada vez que quieren hacer uso del derecho a la sanidad.
 
Así lo aseguran la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la Organización Médica Colegial de España (OMC), y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que denuncian que las personas privadas de libertad tienen “una salud extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad”. Según estas asociaciones, el Estado ‘desprecia’ sobremanera la salud de los presos, a pesar de que la ley establece que todos los ciudadanos, reclusos y no reclusos, disponen de los mismos derechos en cuanto a la atención sanitaria se refiere.
 
Estas organizaciones consideran que un cambio en la legislación, y el traspaso de las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas mejoraría los resultados presentados en el informe. En ellos se constata que la única comunidad que tiene traspasadas esas competencias, el País Vasco, goza de un resultado considerablemente positivo en comparación con las demás.
 
“La práctica ha demostrado la ineficacia del sistema […] el deber de la administración y el correspondiente derecho de las personas privadas de libertad es el de garantizar la salud de estas personas que se encuentran bajo su responsabilidad, sin embargo, el Estado no cumple”, aseguran desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
 
Las asociaciones involucradas en esta demanda solicitan el cambio en la titulación de la competencia, del Estado a la comunidad autónoma, porque “al tratarse de administraciones y sistemas distintos, ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena”.
 
Un panorama comparable solamente a cuando una persona va al exterior, a otro país. La sensación de acceso a la sanidad es similar, o peor aún, en un preso que en un turista de nacionalidad española en el extranjero. Todas estas cuestiones son desarrolladas en el  informe ‘Sanidad en Prisión: La Salud Robada entre Cuatro Muros’, que la APDHA ha presentado y que profundiza en las condiciones que padecen las personas privadas de libertad en el acceso a la salud.  
 
Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, actualmente un total de 60.264 personas se encuentran privadas de libertad en España, 55.700 hombres y 4.564 mujeres.