España, candidata al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pese a las múltiples denuncias

El Ministerio de Exteriores busca colocar a España en el Consejo de Derechos Humanos a pesar de las críticas de las ONG y del Consejo Europeo. Las hemerotecas y las advertencias de organismos internacionales –incluso el de la ONU, al mismo en el que busca sentarse España- son malas compañeras de viaje de la candidatura que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy para colocar a España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2018 y 2020. Bajo argumentos como “impulsamos y cumplimos compromisos internacionales”, el mínimo cumplimento de acogida de refugiados choca de lleno con el punto a favor que pretende presentar el Ministerio de Exteriores.
 
“España quiere dar un impulso renovado a su firme compromiso con los derechos humanos”, se puede leer en el folleto de la candidatura española. “Las políticas del Gobierno español destinadas a proteger y asistir a las personas desplazadas no sólo incumplen los compromisos adquiridos sino que, en muchos casos, vulneran los derechos de las personas”, se puede escuchar decir a ONG como Oxfam Intermón al ver el recorrido del país con los refugiados.
 
“Actitud vergonzosa” en materia de refugiados
 
El conflicto de los refugiados que huyen de la guerra siria llevó a España a comprometerse con las autoridades europeas a acoger a un total de 17.387 migrantes. Varios meses después, y a pesar de los múltiples focos que han colocado estas organizaciones humanitarias, sólo han llegado a territorio nacional 474 refugiados. “Es necesario que el Gobierno español abandone su actitud vergonzosa en este tema, se comprometa a acoger más refugiados y ofrezca protección a los menores no acompañados”, ha afirmado este septiembre Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam Intermón.
 
Sin embargo, en dicho folleto donde Exteriores promociona la candidatura española, la palabra “refugiado” no aparece por ningún lugar. De hecho, las recientes y prolongadas quejas de las organizaciones tienen una visión distinta para el Ejecutivo: “La administración colabora con la institución nacional de derechos humanos –la Oficina del Defensor del Pueblo- y con las organizaciones no gubernamentales mediante consultas en el proceso de formulación legislativa, política y programática y fomenta una participación amplia en los foros regionales e internacionales”.
 
Reducir al mínimo la cooperación y el desarrollo
 
Mientras que en la candidatura española se puede leer que “los derechos humanos son parte esencial de la Cooperación Española para el desarrollo”, el PIB en esta materia de Cooperación y Desarrollo aporta una lectura diferente a lo presumido. Ya desde 2013 las organizaciones comenzaron a alertar del recorte en esta partida presupuestaria. El titular que extrajeron fue contundente: “La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha tenido un recorte del 70% en estos cuatro años –en el periodo 2008-2012-”. Un camino que se ha ido completando con la llegada de Rajoy a La Moncloa dejando dicha aportación en mínimos.
 
Es más, España tiene el ‘honor’ de colocarse cuarto en la apuesta por la cooperación al desarrollo… pero por la cola. Su aportación a las naciones pobres el año pasado fue de 1.604 millones de dólares (1.418 millones de euros), lo que supone un 0,13% del PIB, tal y como recogió recientemente Servimedia. De esta forma, tan sólo Eslovaquia y Polonia (0,10% del PIB) y la República Checa (0,12%) destinaron menor presupuesto a dicha partida.
 
El Consejo Europeo estalla contra las actuaciones en Ceuta y Melilla
 
En la candidatura España considera que desde el Consejo de Derechos Humanos puede ofrece “su compromiso de trabajar por un mundo más justo, más solidario y más respetuoso con los derechos humanos”. Pero es otro consejo, el europeo, el que ha levantado la voz en más de una ocasión por el trato irrespetuoso del país en esta materia de derechos humanos. Concretamente por las actuaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la valla de Ceuta y Melilla.
 
A mediados de julio, el Consejo Europeo fue claro: “España debe mantener sus obligaciones de derechos humanos”. Una advertencia que llegó después de presenciar las numerosas devoluciones en caliente que sufrieron inmigrantes que intentaron llegar a suelo español por estas dos ciudades autónomas.
 
La carta enviada por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieksm, a Fernández Díaz llegó incluso a instarle a que “la práctica de las devoluciones sumarias debe parar”. Un ‘tirón de orejas’ que no fue el primero que salió desde dicho organismo.
 
El comisario europeo, como recordó en su reciente misiva, ya constató en enero de 2015, cuando visitó Ceuta y Melilla, que el Gobierno no puede seguir “al margen de los retos que la gestión de los flujos de migración puede suponer en ciertos contextos”. De ahí la necesidad de que España cumpla “con sus obligaciones de derechos humanos, en particular los asumidos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”.
 
Una serie de mensajes y acciones que el Ministerio de Exteriores, obviamente, no ha reproducido en su folleto de candidatura al Consejo de Derechos Humanos. Y la lista de denuncias podría alargarse con las críticas a la Ley Mordaza, las muertes de inmigrantes en el Tarajal, las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla o los CIEs, entre otros puntos que llevan reseñando las organizaciones humanitarias en los últimos meses y años.