La acusación popular solicita que Mariano Rajoy declare como testigo

Francisco Correa muestra cierto espíritu de colaboración con la justicia. El macrojuicio sobre el mayor escándalo de corrupción política de España ha dado el pistoletazo de salida dirimiendo las cuestiones previas de las partes implicadas. Después de que la letrada de la Administración de Justicia haya empleado hora y media solamente en leer todos los cargos y las peticiones de condena de los acusados, el protagonismo ha pasado a los implicados.
 
La acusación popular ha sido quien ha tomado la primera palabra, y la ha aprovechado para volver a pedir la presencia de Mariano Rajoy en el juicio. La basan en que el PP es beneficiario de la red Gürtel y “no por lo que es (Rajoy) hoy, sino por lo que fue”. Son palabras de José Mariano Benítez de Lugo, abogado de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que junto al PSOE de Boadilla del Monte y a los diputados del PSOE de Valencia conforman la acusación popular.
 
Benítez de Lugo ha señalado al actual presidente en funciones asegurando que “alguien del PP debería declarar sobre si hubo apoderamiento de recursos del PP (…) Las razones suficientes que nos exigía la sala para acreditar la procedencia de la citación como testigo del señor Rajoy están acreditadas. El señor Rajoy fue vicesecretario del PP entre 1990-2003, secretario general entre 2003 y 2004 y presidente desde entonces. Se le llama no por lo que es hoy, sino por lo que fue, que sea presidente del Gobierno en funciones es hoy irrelevante».
 
El abogado representante del PSOE, Wilfredo Jurado, se ha adherido a la solicitud realizada por ADADE.
 
Acto seguido el turno ha pasado a las defensas de los acusados, que como se preveía, están solicitando la nulidad de las pruebas. Por ejemplo, Miguel Durán, defensor de Pablo Crespo, reclama la «nulidad de las grabaciones y de todo lo que pudiera derivarse de las mismas porque no puede acreditarse su autenticidad, no han sido adveradas judicialmente y se ha roto la cadena de custodia». Además, considera que este caso es un ejemplo de la politización de la justicia: “El objetivo era darle patadas al PP en el cuerpo de todos los acusados, en especial de algunos», refiriéndose a Baltasar Garzón, el primer juez instructor del caso.
 
Por su parte, el abogado de Francisco Correa no ha presentado cuestión previa alguna, cuestiones que podrían exculparle. Se trata de un gesto de buena voluntad de Correa con la justicia, y evita a la Fiscalía tener que realizar un farragoso trabajo. Desde las fuentes de la defensa de Correa han señalado que “no existe un pacto” con la Fiscalía Anticorrupción, y que este hecho no determina que vaya a ‘soltarlo’ todo. Aunque sí revela un espíritu de colaboración.