www.elboletin.com

Cuatro años sin tarjeta sanitaria a los ‘sin papeles’ y 2.496 vulneraciones de derechos desde 2014

Tarjeta sanitaria
Tarjeta sanitaria
La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder) documenta 338 casos de vulneraciones del derecho a la salud de abril a julio de 2016. Un total de 2.496 desde 2014.
El 1 de septiembre de 2012 entraba en vigor una de las medidas sanitarias más polémicas que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy: el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril. Un ‘decretazo’ donde, según los datos del Ministerio de Sanidad, se retiró más de 800.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes que en ese momento tenían derecho. Una decisión que, tal y como denuncia la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), en los dos últimos años ha reportado 2.496 casos donde la vulneración del derecho a la salud ha sido una realidad.
 
La medida del Ejecutivo, como recuerda Reder, ni tan siquiera escuchó “las repetidas condenas de organismos internacionales y europeos de derechos humanos, así como los informes que desbaratan los argumentos económicos del Gobierno”.  Desde Economía se aseguraba que facilitar el derecho a la salud a estas personas era incompatible con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; afirmación que “aún a día de hoy no ha sido respaldada por un informe económico”.  “Vagos argumentos”, resume la red.
 
Un Real Decreto que este julio ha contado con un respaldo “inesperado”: el del Tribunal Constitucional. “Esta resolución, de la que Reder discrepa absolutamente, parece ignorar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así el Constitucional avala que la salud y la vida de miles de personas quede supeditada a la consecución de un ahorro económico”, valora el colectivo en defensa de los derechos sanitarios de los inmigrantes.
 
No obstante, el dictamen del Constitucional no tumba la lucha: “Legalizar la exclusión no la legitima, ni la puede invisibilizar”. Y no se invisibiliza por cuestión de rebeldía ciudadana sino por los numerosos casos que “siguen ahí cuatro años después”. Según ha podido documentar Reder, de abril a julio de este 2016, un total de 388 personas se han sumado a la cifra total de inmigrantes afectados por la medida aprobada hace cuatro años.
 
“Entre los casos de estos últimos cuatro meses encontramos tres de cáncer, cuatro de enfermedades cardiovasculares, 13 de diabetes, siete de hipertensión, ocho de VIH, cuatro de enfermedades degenerativas, seis de enfermedades potencialmente mortales ó cinco de enfermedades mentales graves”, denuncia Reder en su último informe.
 
Unos casos en los que hay que incluir a las 14 mujeres embarazadas (120 desde 2014) que se han visto afectadas por el ‘decretazo’, los 35 casos de menores de edad (180 desde 2014) y las tres personas solicitantes de asilo (13 desde 2014) que se les ha negado el acceso al sistema sanitario. “Igualmente, contabilizamos 20 incidencias en urgencias(299 desde 2014) que van desde la denegación de asistencia a la facturación de la misma”, recapitula Reder.
 
Ha sido tal “el drama” que han tenido que sufrir los inmigrantes que ha habido 59 casos desde 2014 de personas en proceso de reagrupación familiar que se han visto lastrados por el Real Decreto. “A pesar de encontrarse en situación regular, el INSS continúa denegándoles la tarjeta sanitaria sin la cual no pueden recibir una asistencia que para ellas es absolutamente vital”, denuncia la red que cuenta con 300 miembros entre personas a título individual y organizaciones sociales.
 
Una difícil situación que se ha intensificado por “la falta de información adecuada”. De hecho, Reder ha constatado que “únicamente el Ayuntamiento de Madrid –que no la Comunidad que debería ser la principal responsable- y recientemente la Comunitat Valencia han emprendido campañas de información dirigidas a estas personas”. Una desinformación en el resto de lugares que “provoca denegaciones de asistencia a personas que sí tienen derechos”.
 
Por ello, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 insta a la mayoría de los partidos a cumplir con “su compromiso con la sanidad pública y universal” para que “lleguen al límite de sus competencias para garantizar que todas las personas que viven en su territorio puedan acceder a la asistencia sanitaria sin discriminación alguna”.
 
Unos deberes que también dirigen a los ciudadanos y al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud. A los primeros les animan directamente a “apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía” contra la medida; y a los segundos Reder les invita a “sumarse al movimiento de objeción de conciencia, recordando que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos”. 
 

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

Google Plus de Marco González

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Desarrollo Editmaker

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.