Una recogida de firmas en Alcorcón para poner fin a una ciudad sin alternativa habitacional 

Madrid

Una recogida de firmas en Alcorcón para poner fin a una ciudad sin alternativa habitacional 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

La PAH reclama al alcalde dejar de ser “el único gran municipio de Madrid que no tenga viviendas de emergencia social para personas con desahucios y víctimas de violencia de género”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alcorcón ha dicho basta. El desahucio de Maximina, vecina de la localidad con cinco hijos, volcó la gota que colmaba el vaso. Después de que la propia afectada iniciase varias huelgas de hambre demandando una vivienda social de los numerosos pisos vacíos de Alcorcón, el colectivo antidesahucios ha comenzado una recogida de firmas por la ciudad tomando cartas en el asunto.
 
“La labor del regidor de Alcorcón, David Pérez (PP), ha dejado mucho que desear. Lejos de dar una alternativa real a la familia el Ayuntamiento de Alcorcón sólo les ha ofrecido una pequeña ayuda con la que no podría ni pagar un mes de alquiler”, denuncia la PAH, que a finales de esta semana se ha plantado, en apenas 3-4 días, en cerca de 1.000 firmas.


Para el colectivo, el caso de Maxi sirve de ejemplo de la realidad en materia de vivienda que sufre la localidad y que se tiene que abordar: “No podemos por más tiempo seguir permitiendo que Alcorcón sea el único gran municipio de Madrid que no tenga viviendas de emergencia social para personas con desahucios y mujer víctimas de violencia de género”, relata la carta con la que la PAH pide sumar una firma más.
 
Pero la labor del equipo de gobierno no parece correr en el mismo camino de los intereses de la PAH. Tal y como remarca la organización, estos afectados, ya sea de desahucios o de violencia de género, “han sido despreciadas por el Ayuntamiento de Alcorcón no otorgándoles una solución acorde con los Derechos Humanos y la propia Constitución Española”.
 


 
El argumentario que presenta el Ejecutivo local ante la exigencia de la PAH, según el colectivo, está basado en la falta de dinero público. Argumento que no acepta la organización que lucha contra las ejecuciones hipotecarias: “Entendemos que en un municipio en el alcalde cobra más de 92.000 euros anuales y en el que hay numerosos cargos políticos de confianza decir que no hay dinero para viviendas de emergencia es algo hipócrita y ofensivo”.
 


 
No obstante, las ofensas por parte del Consistorio están a la orden del día, como denuncia la PAH, que ha centrado la mirada en el “cinismo de un alcalde que ha gastado su tiempo en insultar a activistas e insinuar que la PAH-Alcorcón es una asociación satélite de lo que el susodicho considera dictaduras bolivarianas”.
 


 


 
Pero, más allá del barro, la emergencia habitacional que vive Alcorcón es uno de los puntos en los que incide la PAH. Las grandes preguntas que rondan la cabeza de los activistas son: “¿Dónde están todas las viviendas que en su día se construyeron? ¿Y EMGIASA (Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón)? ¿Por qué está el Ensanche Sur lleno de casas sin gente? ¿Por qué en vez de liquidar todas estas casas no se ha hecho un plan para el buen desarrollo y bienestar de las familias y personas en riesgo de pobreza? ¿Le gusta al alcalde de Alcorcón mucho más la especulación que cumplir su labor como regidor y ayudar a las familias?
 


 
Pese a la acción de la Obra Social de la PAH que “liberó un piso” para Maxi y sus hijos, la PAH-Alcorcón es consciente de que es un parche temporal: “Es una solución a un mal temporal”, relata el colectivo en su página web. Aun así, la salida sigue en el tejado del Ayuntamiento: “Las instituciones tienen la obligación vía Constitución y Derechos Humanos de ofrecer estas viviendas. No podemos dejar de exigir tanto a Ayuntamiento como a Comunidad que se habilite un parque de vivienda pública para emergencia social y no una triste ayuda de apenas 500 euros”.
 
Por ello, tanto la PAH como Maxi han abierto esta nueva vía de acción –la recogida de firmas- para poner punto y final a los desahucios sin alternativa habitacional en un municipio “con casas vacías, tanto públicas como de entidades rescatadas”.  
 


 

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