Amnistía Internacional y Médicos del Mundo acusan al Constitucional de “ignorar” los derechos humanos

Varias organizaciones denuncian que el TC «avala» el Real Decreto que «consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita» para los inmigrantes. “El Tribunal Constitucional ignora los tratados internacionales y avala el Real Decreto Ley 16/2012, que consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación administrativa irregular”. Lo firma la organización Médicos del Mundo junto a otras como Amnistía Internacional o la Red Acoge. Las organizaciones lamentan que de esta forma el TC dé “carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales”. Consideran que el Constitucional legitima limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a los migrantes ‘irregulares’ argumentando que “se trata de preservar el mantenimiento del sistema sanitario público”.
 
Sin embargo, aseguran que el Tribunal Constitucional obvia que el sistema sanitario público español se financia a través de impuestos directos e indirectos, por lo que estas personas también contribuyen a su sostenibilidad. Además, el TC argumenta su sentencia haciendo referencia a una “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”, algo que cuestionan las organizaciones pidiendo un análisis detallado y ponderado que avale y documente esa aseveración.
 
Médicos del Mundo, a través de la nota de prensa que ha compartido, considera que esta sentencia “consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España” y que cualquier medida regresiva “ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud”. Los contextos de crisis económica no rebajan ni eliminan las obligaciones de derechos humanos de un Estado, afirman.
 
Desde que entró en vigor el RDL, el 1 de septiembre de 2012, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. En este sentido, las organizaciones recuerdan que “más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria de “novedad lamentable” o “contraria al principio de no discriminación” y han instado a España al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud.