Privatizaciones, cierre de camas, asignación de directores “a dedo”, represalias a ‘colegios rebeldes’… la comunidad educativa y sanitaria dice “basta” al último mes de Cifuentes. El tiempo de vacaciones estivales ha traído consigo un ‘terremoto’ en la educación y la sanidad madrileña. Los últimos movimientos del Gobierno de Cristina Cifuentes ha levantado tanto a la comunidad educativa como a la sanitaria. Unas acciones durante el último mes que ha obligado a que sindicatos, afectados y trabajadores tomasen cartas en el asunto ya sea en la calle o en los juzgados.
Sanidad
En las últimas semanas, la tensión de los trabajadores sanitarios se ha elevado. “Quemados y no por el sol del verano”. Así definen su situación los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Las bajas condiciones laborales a la que se enfrentan ha provocado el estallido de estos profesionales. Contratos de “un día”, estar en “paro, sin cobro y sin alta en la Seguridad Social (S.S) los fines de semana y festivos” y renovaciones diarias que se conocen gracias a otros compañeros por “mensajes de whatsapp y Facebook” son algunas de las circunstancias con las que tienen que lidiar los sanitarios. Tampoco faltan las jornadas intensivas de “13 horas al día de consulta y sin descanso, en bastantes noches y fines de semana”.
Pero el recorte de las condiciones laborales no es la única característica que define la situación actual de la sanidad madrileña. El cierre de camas ha sido uno de los titulares que ha escrito la Consejería de Madrid. Tal y como denuncia el Sindicato de Enfermería (SATSE), la Comunidad de Madrid contará en la primera quincena de agosto con, al menos, 2.404 camas menos. Una cifra que equivale a más del 19,5% de las que cuenta la región. No obstante, no es la única comunidad que cerrará camas: en verano, todo el territorio nacional contará con 11.000 camas menos.
“Podremos ver a pacientes, con diversas patologías, mezclados en las plantas de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y que serán atendidos por un tercio menos de profesionales de enfermería”, han criticado los trabajadores sanitarios. Por ello, este domingo “llueve, truene, o el calor derrita el asfalto” de Madrid, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca protestará contra la decisión de cerrar más de 2.000 camas en la región durante este verano.
Si el ‘tijeretazo’ se ha notado en el cierre de camas, en las listas de espera ha brillado por su ausencia. Tan sólo en la Comunidad de Madrid existen 80.000 personas esperando a poder ser operadas. El último informe del SERMAS ha mostrado cómo, en apenas diez años, la cifra de pacientes en espera quirúrgica ha aumentado en casi 60.000 personas. “La situación es el resultado lógico de la insuficiencia de recursos agravada por los recortes”, han criticado los profesionales sanitarios. Por su parte, la estrategia de derivar a clínicas privadas es todo un error para la plataforma Confluir Sanidad: “Las derivaciones no son una solución; al revés, son un negocio entre las empresas y algunos gestores públicos con pleno conocimiento de la Consejería de Sanidad”.
Un trasvase de lo público a lo privado que no ha faltado desde que Cifuentes asumió la dirección de la Comunidad de Madrid. La última, la anunciada esta semana: la Consejería de Sanidad ha sacado a concurso la gestión de la atención psiquiátrica y salud mental ambulatoria y de urgencias del Hospital Universitario del Tajo. Una oferta en el que el presupuesto base de licitación es de medio millón de euros (536.000 euros, IVA exento) y en el que la duración del contrato es de un año.
Licitación que el sindicato UGT ha calificado de “intolerable” al ver que “se realiza después de haber extinguido como empresa al Hospital del Tajo, integrándolo en el sistema tradicional de gestión directa en el SERMAS”. Una política que ya anunció Cifuentes en los presupuestos para 2016 cuando se disparó el gasto en externalizaciones hasta los 962,21 millones de euros, un 18,76% más que hace dos años, momento en el que las privatizaciones sanitarias cogieron un ritmo frenético.
Y a estos conflictos abiertos en este periodo vacacional, se le suman las polémicas declaraciones de Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que aseguró hace apenas unos días que “a pesar de la bolsa, es difícil encontrar quien quiera trabajar en verano”. Unas palabras en su cuenta personal de Twitter que no han pasado desapercibidas para la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que denunció que el “carácter” del consejero “le traiciona de nuevo acusando subliminalmente de vagos a los médicos”.
Educación
La situación en la educación madrileña tampoco ha estado calmada. Las derivaciones de colegios públicos a concertados ha sido motivo de protesta para los agentes sociales. El traspaso de alumnos de la escuela pública a la concertada en Usera provocó la voz de alarma de CCOO, que también ha presenciado en el último mes cómo el Gobierno que preside Cristina Cifuentes se niega a la apertura de nuevas aulas en el distrito madrileño. Algo que se ha expandido a otros barrios como en Villa de Vallecas.
Esta vez la denuncia la realizó las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) en Villa de Vallecas que, a mediados de junio, apuntilló que 59 niños se han quedado sin colegio asignado por faltas de plazas públicas. Esos los alumnos que no han podido optar a una plaza, pero la baja oferta también ha provocado que la balanza de lo concertado superase a lo público en la zona: el próximo curso 440 niños se escolarizarán en colegios concertados frente a 300 en centros públicos del Ensanche de Vallecas.
“Pensaba que iba a quedarme sin plaza y me han asignado un colegio concertado que había puesto en séptima opción a la desesperada”, relataba la madre de uno de los alumnos a los que le han asignado un centro concertado “que cuesta al año 1.750 euros de cuota ‘voluntaria’ a los que hay que sumar 1.380 euros de comedor (sin contar el material escolar u otro tipo de actividades extraescolares), algo que no está al alcance de muchas familias”.
Pero si con algo ha estalla el polvorín de la comunidad educativa ha sido con la asignación “a dedo” de 47 nuevos directores de centros públicos a principios de julio. Condenado por la amplia mayoría de las asociaciones educativas, el movimiento de Cifuentes ya ha encontrado batalla judicial. De los 47 casos denunciados, 15 de ellos están judicializados según asegura la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín. Unas denuncias que podrían aumentar: Galvín ha instado a los afectados a recurrir individualmente por la vía contencioso-administrativa, y más tras “una sentencia ganada en Móstoles” hace menos de dos semanas.
Una asignación que los sindicatos han criticado que se ha realizado “sin seguir el procedimiento ordinario de selección”. De hecho, en varios colegios, los padres han salido a la calle para protestar contra la decisión. Es el caso del centro público Montelindo, de Bustarviejo, donde hace dos miércoles los padres de los estudiantes se amotinaron en la puerta de la escuela al grito de “¡Queremos nuestra directora!”.
Un ‘rebeldía’ que ha encontrado respuesta en la Consejería de Educación. Tal y como ha denunciado esta semana CCOO, la Comunidad de Madrid ha tumbado el Proyecto Educativo del CEIP Montelindo por ser uno de los ‘colegios rebeldes’ de la región. Algo que se expande por aquellos centros “que han defendido un modelo de escuela pública integradora, tolerante, abierta y participativa”.
El sindicato ha visto en la suspensión del proyecto educativo –el cual es un foco de atracción para alumnos de otros lugares por su modelo, como recuerda CCOO- una “cumplida venganza” contra un colegio que también ha denunciado durante todo el curso la situación física del centro: instalaciones vetustas, una caldera que en invierno dejaba las aulas a ocho grados centígrados…“El CEIP Montelindo, de Bustarviejo, cumple con todos los requisitos para haber recibido la dura represalia de la administración”, concluyó la organización sindical.
