El portavoz de Ciudadanos en la comisión municipal de investigación, Miguel Ángel Redondo, ha recalcado las “graves irregularidades” en las ventas de vivienda pública en la era Botella. La decisión del Ayuntamiento de Madrid de estudiar acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) por la venta de pisos públicos a fondos buitres ha contado con el apoyo de Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja en la comisión municipal de investigación, Miguel Ángel Redondo, ha reclamado “depurar responsabilidades” tras las “graves irregularidades” señaladas en el informe definitivo de la Cámara de Cuentas.
Como ha apuntado Redondo, el informe del organismo habla del “incumplimiento de las normas de contratación, la falta de concurrencia y transparencia y que no hubo una tasación previa”. Actuación que derivó en la venta de 1.860 viviendas “con familias con escasos recursos dentro”, ha recordado el concejal de Ciudadanos. De hecho, muchas de estas familias han sido finalmente “desahuciadas y dejadas en la estacada”, tal y como ha relatado el político.
Un conflicto por la venta de viviendas públicas a fondos buitres que ha estallado este viernes tras el informe de la Cámara de Cuentas y la participación de varios dirigentes de la EMVS en la comisión de investigación del Consistorio. En ésta, la exinterventora del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo Martín, cesada hace una semana, ha contestado que no recuerda “exactamente” las pegas que puso a la enajenación de patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) aunque ha defendido “todos” los informes que firmó.
La Cámara de Cuentas ha aseverado que el equipo de la exalcaldesa Ana Botella llegó a vender 1.860 pisos públicos a fondos buitre “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta” y “aplicando exclusivamente las reglas del mercado”, según recoge el informe definitivo de fiscalización de operaciones de venta de patrimonio de los años 2012 y 2013. El organismo también ha indicado que esta operación incumplió “las más elementales reglas de publicidad y concurrencia”.
