Gestha no comparte el argumento de los peritos de Hacienda de que la Infanta sólo era partícipe de Aizoon al entender que “podría haber sido consciente de que formaba parte de sociedades instrumentales”. La exculpación a la Infanta Cristina realizada por los peritos de Hacienda chocan con la opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Mientras los peritos han asegurado que no existe fraude fiscal ni irregularidad alguna en la participación de la hermana del rey en Aizoon, el colectivo ha considerado que ésta “podría haber cooperado en los delitos fiscales imputados a su esposo, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008”.
La principal sombra de sospecha que ha colocado Gestha sobre la Infanta Cristina se basa en que les resulta “difícil” entender el papel que desempeñó en Aizoon donde, estando en régimen de separación de bienes, participó como propietaria del 50% de un capital de tan sólo 3.000 euros, cuando su marido “podría haber constituido una sociedad limitada unipersonal”.
La argumentación de los peritos se basa en que la Infanta constaba sólo como partícipe al 50% de Aizoon, circunstancia que a juicio de la Agencia Tributaria no es suficiente para atribuir un delito contra Hacienda, algo que no comparte Gestha: “Para determinar la cooperación en el delito fiscal es indiferente si la Infanta no era administradora de hecho ni socia de control o, del mismo modo, no participara en la gestión”.
Por ello, los Técnicos del Ministerio de Hacienda han valorado que “el comportamiento omisivo” de Cristina de Borbón “surge no por su condición de accionista, sino por el mismo riesgo creado al utilizar y participar en una sociedad familiar que no es más que una mera pantalla o simulación”.
“Es muy probable que las esposas de Urdangarín y Torres estuvieran contribuyendo a defraudar al fisco con su participación en las respectivas sociedades simuladas y además se beneficiaron de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta, de manera que también podrían haber colaborado en la ocultación de esos beneficios”, ha aseverado Gestha.
Los expertos han insistido en que para la comisión de delito contra la Hacienda Pública “basta con el dolo eventual o dolo de representación”. Algo que sí ven tanto en la Infanta Cristina como en Ana Tejeiro, mujer de Diego Torres: “Podrían haber sido conscientes de que formaban parte de sociedades instrumentales y que, por la irregularidad misma que comportaba la anormalidad de esa situación, la permanencia en ellas suponía aceptar un peligro probable de que se pudiera defraudar a Hacienda”.
