La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, advierte de que “la Justicia pondrá a cada uno en su sitio”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no se ha quedado callada ante la querella presentada por un grupo de manifestantes “radicales” que participaron en la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo de 2014. Para la dirigente popular se trata de “un auténtico disparate y carece del más mínimo fundamento”.
Así lo señala la responsable del Ejecutivo madrileño en una tribuna firmada en Elmundo.es titulada ‘El mundo al revés’ en la que señala que la mencionada querella está basada “en una supuesta prevaricación administrativa”. Es decir, por “dictar una resolución injusta, por parte de todos los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluidos mandos operativos y yo misma como delegada del Gobierno en Madrid, por las medidas que se tomaron ante los violentísimos incidentes ocurridos al final de la manifestación conocida como Marcha de la Dignidad”, según Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad recuerda que durante ese 22 de marzo de 2014 “un grupo de manifestantes agredió brutalmente a la policía, resultando heridos 67 agentes”, hubo “enormes daños a los comercios y establecimientos del Paseo de Recoletos” y se destrozaron “todo el mobiliario urbano y cajeros de entidades bancarias, que se encontraba a su paso, efectuándose 29 detenciones”. Asimismo, no se olvida de la “tremenda imagen de un reducido grupo de Policías rodeado por los violentos, que les lanzaban piedras, adoquines y trozos del mármol de las terrazas del Café Gijón, en un auténtico linchamiento, que pudo tener resultados fatales”.
Los que tenían en aquel momento responsabilidades en materia de seguridad ciudadana cumplimos la ley “para restablecer el orden público y evitar los graves daños físicos y materiales que causaban los violentos”, defiende Cifuentes, que lamenta que estén “en el punto de mira de los violentos que la vulneraron sin miramientos, y que están tratando de instrumentalizar las leyes y la Justicia, como arma de descalificación y manipulación política”.
La petición a la Asamblea de Madrid de la certificación de la condición de Cifuentes como aforada “forma parte de la lógica tramitación de una querella de este tipo, con carácter previo a su admisión formal, y no tiene ningún significado especial”, sostiene la dirigente del PP, que remarca que “no es la primera vez que soy objeto de una querella relacionada con el cumplimiento de mis obligaciones como Delegada del Gobierno, formulada con intenciones torticeras, tengo plena confianza en la Justicia, y en esta ocasión, como en otras anteriores, la Justicia pondrá a cada uno en su sitio”.
