El tribunal pregunta sobre la condición de aforada de la presidenta para investigar a todos los mandos políticos y policiales responsables de las actuaciones en las Marchas de la Dignidad. El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de Cristina Cifuentes, según adelanta hoy El Mundo. Se refiere a un supuesto de “prevaricación administrativa” por las cargas policiales contra las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014 en la capital. En esa época la actual presidenta regional era delegada del Gobierno en Madrid.
Los enfrentamientos entre manifestantes y policía acabaron con más de un centenar de heridos, muchos de ellos policías, y 29 detenidos. Entre los manifestantes, un chico perdió un ojo y otro un testículo. Los convocantes se conformaron en plataforma y presentaron una querella criminal, para lo que tuvieron que reunir 48.000 euros. La denuncia, presentada en febrero del año siguiente, no nombra específicamente a Cifuentes, sino a todos los mandos políticos y policiales al cargo de aquella operación.
Es decir: Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil; Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid; Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana; José Miguel Ruiz Igüizquiza, jefe del mando de las Unidades de Intervención Policial (UIP); Francisco Javier Virseda, ex jefe del mando de la UIP de Madrid; Francisco González, inspector jefe de las IUP, según el mismo medio. La querella apunta en total a más de veinte responsables políticos y mandos policiales.
La querella se refiere a «delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos (Artículos 540 a 542 CP), así como todos aquellos otros delitos que resulten en el curso de la investigación», según la plataforma.
Ya en 2015, y según explicaba la plataforma en su web, el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid fallaba a favor de las Marchas de la Dignidad en el contencioso que estas mantenían con la exdelegada del Gobierno, que en este caso era parte acusadora. Además de condenar en costas, el juzgado considera “contraria a derecho” la apertura del expediente por parte de la delegada del gobierno, al no contemplar la presunción de inocencia y por falta de “elementos probatorios”.
“Para las Marchas de la Dignidad el fallo de la sentencia prueba que en ningún momento los sucesos ocurridos en la multitudinaria manifestación del 22 de marzo del 2014 fueron originados por los participantes en la misma y que desde la organización de las Marchas se cumplió en todo momento con lo acordado para garantizar la seguridad de las personas que se manifestaron pidiendo una vida digna y contra los recortes del gobierno del PP con el lema “Pan, Trabajo y Techo”, explica.
Las Marchas de la Dignidad consideraron entonces que la apertura del expediente se debía a dos cuestiones: “por un lado, continuar con la criminalización de las movilizaciones por las políticas del gobierno del Partido Popular y tapar la acción violenta de las fuerzas de orden público contra los pacíficos participantes en concentración del final de la manifestación en la Plaza de Colón y, por otro, la proyección notoria de la carrera política de Cristina Cifuentes”.
En la denuncia contra Cifuentes la plataforma asegura que fueron policías infiltrados los que ocasionaron los disturbios por orden de sus mandos, que la carga policial de Colón se produjo antes de la hora oficial de finalización del evento y que se cargó contra todos los manifestantes “provocando un peligro real sobre la integridad de miles de personas», aseguran los querellantes.
