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El Tribunal de Cuentas advierte del descontrol del Gobierno para evitar las puertas giratorias

Tribunal de Cuentas
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La Oficina de Conflictos de Intereses se limita a gestionar los permisos de altos cargos públicos para trabajar en el ámbito privado y solo contrasta información cuando algún caso salta a la prensa.
Tribunal de Cuentas
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El organismo que previene la existencia de 'puertas giratorias' entre lo público y lo privado no verifica los datos que aportan los altos cargos del Gobierno y de la Administración antes de permitirles pasar al negocio privado. Y tampoco vigila sus actividades durante los dos años posteriores al cese, tiempo en el que no pueden trabajar en una empresa privada sin una autorización especial. Son las principales denuncias del informe del Tribunal de Cuentas sobre la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) entre 2012 y 2014. El fiscalizador sostiene que este órgano “se limitó a gestionar adecuadamente los registros de bienes y actividades”, pero no usó las facultades que le otorga la ley para “verificar e investigar los datos declarados”.

El informe contiene una larga lista de conclusiones negativas sobre la aplicación de la ley de 2006 para regular los conflictos de intereses de los miembros del Ejecutivo y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y evitar lo que se conoce como “puerta giratoria”. Y llega a afirmar que “únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa”. Es decir, esta oficina no comprobó ningún dato sobre los altos cargos que no declararon actividad. Y de este grupo de nombres no vigilados, sólo pidió información después de que su caso saltase a la prensa.

El Tribunal de Cuentas critica que en dos años nunca se ha pedido “la colaboración de las administraciones tributarias y de la seguridad social” para verificar los datos declarados, ni tampoco para detectar posibles omisiones de bienes o actividades que los altos cargos salientes no hubiesen declarado. Durante 2015, hasta 14 altos cargos públicos lograron su autorización para pasar a la empresa privada antes de los dos años fijados por ley: desde 2006, todos los altos cargos salientes necesitan una autorización para trabajar en el sector privado, ya que legalmente durante 24 meses “no pueden prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado”. Las autorizaciones quedan en manos de esta Oficina de Conflictos e Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y cuya actividad sale mal parada en el informe del Tribunal de Cuentas.

Según el Portal de la Transparencia, donde deben aparecer todos los nombres de altos cargos que usan este permiso de reenganche precipitado a la empresa privada, en 2016 ya han conseguido su autorización nueve altos cargos del Gobierno y de la Administración.

Entre ellos la exministra de Sanidad Ana Mato, a la que el Gobierno ha dado dos permisos: para volver a trabajar en el PP y para fichar por la empresa Transport System Worlwide, una de las que supuestamente pagó a Vicente Martínez-Pujalte por labores de asesoramiento según publicó este diario. No obstante, fuentes de Génova aclararon a ElBoletin.com que la exministra pidió autorización aunque decidió finalmente no colaborar con esta empresa que aparece en la denuncia por delitos de falsedad y cohecho y que presuntamente pagó más de 91.000 euros al exdiputado del PP.

El Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto que durante dos años “no se tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos” de la ley de incompatibilidades, y “tampoco se inició, instruyó, ni resolvió, expediente sancionador alguno en relación con los mismos”

El fiscalizador que preside Ramón Álvarez de Miranda recomienda a la OCI que desarrolle “procedimientos para determinar en qué casos y de qué modo debe servirse de la colaboración de la Agencia Tributaria y de las Entidades de la Seguridad Social para realizar sus actuaciones de comprobación”, y que utilice de manera efectiva estas vías de investigación de datos. Aconseja “comprobaciones periódicas y aleatorias de las actividades y bienes de los altos cargos” para detectar posibles incompatibilidades y 'puertas giratorias' también entre altos cargos que no hayan pedido ningún permiso.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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