El presidente del CGPJ alerta de una Justicia «a dos velocidades» en función del territorio en que residamos. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha comparecido hoy en el Congreso de los diuptados para dar cuenta de la memoria del órgano de gobierno de los jueces para 2015. En su balance se ha referido a una “tendencia positiva” que, sin embargo, no soluciona “situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros Juzgados y Tribunales”.
Lesmes ha criticado “cargas de trabajo inasumibles” e insuficiencia de medios materiales. Cree que existe un “evidente problema estructural” de la Justicia española, que carece de un un modelo definido de organización territorial y de un demarcación y planta propias del siglo XXI.
El presidente del Poder Judicial ha señalado, en este sentido, que cerca de un millar de los casi 4.000 órganos judiciales españoles no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo, mientras que otros 1.695 están por encima del 150% de ese indicador.
Entre los tribunales colapsados figuran el 93% de los Juzgados de lo Mercantil, el 95% de los Juzgados de Primera Instancia y el 97% de los Juzgados de lo Social. En muchos de estos últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.
Ante los miembros de la comisión de Justicia del Congreso, ha subrayado que “existe una excesiva carga de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización”. Considera que hay “yuxtaposición y solapamiento de competencias” y denuncia que las transferencias a las regiones de las competencias en materia de Justicia “no se han completado y corremos el riesgo de padecer una Justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos”, ha dicho Lesmes.
Pese a estas necesidades, el también presidente del Tribunal Supremo se ha declarado “moderadamente optimista” al analizar la evolución de la situación de la Justicia española en el último año: afirma que en 2015 se resolvieron más asuntos que el año anterior, se finalizó con menos asuntos pendientes, los órganos judiciales están un poco menos congestionados y –con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en las Salas de lo Civil y de lo Social- los tiempos de respuesta han mejorado con carácter general.
Lesmes ha destacado la mayor austeridad en el mantenimiento del propio CGPJ, que tiene un presupuesto de 54,9 millones de euros, lo que supone ocho millones menos que en 2013 y hasta 23 millones menos respecto a 2010. “Especialmente significativa ha sido la minoración de los gastos de protocolo, que se han reducido a la quinta parte”, destaca.
