Cristina Ibáñez ha declarado que “la financiación irregular en sí misma no es constitutiva de delito” a no ser que sea en periodo electoral, algo de lo que se encargaba el PP nacional. Las miradas valencianas continúan dirigiéndose a Génova. Si a principios de semana el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusado de financiar en negro tres campañas electorales, defendía que las cuentas del partido dependían y eran gestionadas por la dirección nacional de los populares, este miércoles la extesorera del PP en la Comunitat Valenciana, Cristina Ibáñez, ha continuado por esa línea en su escrito de defensa.
Ibáñez ha acusado directamente a Costa asegurando que su función en el PP valenciano consistía en pagar lo “supervisado y autorizado” por el secretario general. Pero además, según informa Cadena SER, la extesorera ha defendido que el delito de financiación ilegal tan sólo entraría dentro del periodo de las campañas electorales y que, en ese caso, el autor debe ser el administrador general de la formación, es decir, Bárcenas y Páez.
Ibáñez ha aseverado que su labor era “meramente burocrática y administrativa”, así como que únicamente era responsable de los actos celebrados fuera de campaña. Unos actos de los que, aunque también fueron financiados en negro -la Fiscalía Anticorrupción ha identificado que para la organización de estos eventos se gastaron 1.426.063,84 euros en ‘b’-, según Ibáñez, no pueden atribuirle la autoría de financiación ilegal.
La extesorera se desvincula por tanto de toda responsabilidad pero niega a su vez que haya existido financiación ilegal en el PP de Valencia. Aunque para ella “la financiación irregular en sí misma no es constitutiva de delito” al entender que para eso debe haberse realizado en periodo electoral: de ahí su fijación por trasladar el compromiso a Génova.
Aun así, la exgerente popular ha recordado que en PP “trabajaban muchas personas” con “capacidad política y para contratar”. “Si fuese cierta la existencia de esa dualidad contable y esa trama organizada, únicamente lo sabrían los ejecutores directos y beneficiados de ello”, ha manifestado Ibáñez en el escrito al que ha tenido acceso la SER y en el que ha querido desvincularse de una de las principales acusaciones: la caja ‘b’ del PP valenciano que desconocía, según la exdirigente.
Por el momento, Anticorrupción ha reclamado siete años y nueve meses de cárcel para Cristina Ibáñez por tres delitos electorales en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y por las generales de 2008; y por falsedad documental.
