El juez de la operación Taula pide al Supremo que impute a Barberá por blanqueo

El juez de la operación Taula pide al Supremo que impute a Barberá por blanqueo

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia

El juzgado valenciano que investiga la financiación ilegal del PP de Valencia remite su exposición razonada al Supremo para imputar a Barberá. El titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha remitido la exposición razonada al Tribunal Supremo necesaria para que Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, sea imputada por el alto tribunal. El juez pide así que el Supremo asuma la investigación contra la senadora del PP y por tanto aforada, cuya imputación pide por blanqueo de capitales consecuencia del caso Imelsa.

El juez ve indicios fundados para que el Supremo impute a Barberá por la supuesta financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia, descubierta tras la operación Taula. La exalcaldesa sería responsable, según esta investigación, de operaciones de “pitufeo” por las que ya están imputados todos los concejales de su equipo en la alcaldía salvo uno. Barberá, el resto de ediles del PP y sus asesores en el consistorio valenciano habrían blanqueado 50.000 euros con donaciones de 1.000 euros. Esa cantidad era luego devuelta en dos billetes de 500 euros para blanquear la presunta caja b local del PP, ocultando así su supuesta procedencia ilícita.

Además de los miembros del partido conservador, otras 47 personas están imputadas en la causa. El magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El juez, no obstante, señala que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación «concreta» señalando la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos.

En su escrito, sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.
Barberá, apunta el juez, era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal.

Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Silencio significativo y dinero opaco

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la “presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal” “son muy anteriores en el tiempo», pero considera “significativo” el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar

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