Cuestiones de derechos humanos, económicas, de utilidad y legales han llevado a Podemos ha presentar una PNL para impedir la reapertura del CIE de Barcelona. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) vuelven a estar de actualidad. Esta vez, la mecha la han encendido las protestas iniciadas por los activistas catalanes, que se han llegado a encadenar en la puerta de uno de estos centro en Barcelona –cerrado por obras- para evitar su reapertura. Este viernes ha sido Podemos quien ha continuado con la protesta y ha presentado en el Congreso una proposición no de Ley para poner el candado de manera definitiva al CIE barcelonés.
La exposición de motivos de Podemos para lanzar esta propuesta está fundamentada en cuatro puntos. El primero de ellos radica en la humanidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha manifestado que los CIE constituyen una “grave violación de derechos humanos”. Incluso, la corte ha llegado a reconocer que podrían estar vulnerando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en el que se prohíbe la tortura o los malos tratos.
En este sentido se han manifestado numerosas asociaciones y ONG, que han denunciado a lo largo del tiempo violaciones de los derechos fundamentales, “como la salud física y psicológica, la educación o la identidad” e incluso a la propia vida. En este sentido, Podemos ha querido recordar a Mohamed Abagui, Samba Martine, Idrissa Diallo o Aramis Manukyan, inmigrantes fallecidos en los CIE, “cuando el Estado era el garante de su integridad física y su vida”.
En el caso de la Asociación para la Prevención de la Tortura, su denuncia pone de manifiesto la situación de las mujeres en los centros de internamiento. Y es que, según ha recordado la formación, estas sufren todo tipo de discriminaciones y abusos. Además, “entre las mujeres encerradas en los CIE, hay embarazadas, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional, o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijos”, tal y como han subrayado.
El segundo de los motivos, respecta a los resultados obtenidos. Según la normativa europea, los CIE sirven únicamente “a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión” –ya que Bruselas obliga a repatriar o regularizar a los inmigrantes ‘sin papeles’. Los datos del Ministerio del Interior han revelado que de los 7.340 internos durante el 2014, sólo 3.483 fueron expulsados, esto es el 47%. Además, de acuerdo con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, este mismo año 11817 personas fueron devueltas a sus países de origen, de las que 3483 estaba internas en estos centros. Unos datos que ponen de manifiesto la escasa necesidad del internamiento.
En cuanto a la cuestión económica, Podemos también ha podido argumentar en contra de los CIE. La formación ha asegurado que el Estado gasta unos 8,8 millones de euros al año en gestionar los centros, a lo que se deben sumar los 11,9 millones de euros que se invierten en los vuelos de repatriación.
El cuarto y último motivo de Podemos es relativo al derecho. La Directiva de Retorno del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, exige que se adopten “con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo”; y, por otra parte, dispone su carácter potestativo, al establecer que “los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno”. Una fórmula muy abierta, que no exige la existencia de los CIE, que abre la puerta a nuevas fórmulas y que, en ningún caso, permite el internamiento si no es para la expulsión.
Encadenats davant del CIE de Barcelona contra la reobertura. #BloquegemElCIE pic.twitter.com/iqRj6UdUEk
— CUP #sensepor (@cupnacional) 7 de abril de 2016
