Las 1.800 viviendas vendidas a fondos buitre en la era Botella inaugurarán la comisión de investigación en Madrid

Fondos buitre

Las 1.800 viviendas vendidas a fondos buitre en la era Botella inaugurarán la comisión de investigación en Madrid

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid

Los socialistas creen que el equipo de Botella sospecha de irregularidades y tráfico de influencias en la gestión de los pisos de la EMVS. El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid quiere investigar la venta de viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitre bajo anteriores gobiernos del PP. Así lo ha anunciado su número uno en la capital, Purificación Causapié, que critica la “discutida operación que los socialistas han denunciado repetidamente y que ha provocado que miles de familias madrileñas estén en una situación insegura respecto a su vivienda”.

“Entendemos que la gestión del Partido Popular es claramente discutible. La venta de las viviendas a los fondos buitre nos alertó en su momento y nos sigue planteado sospechas claras sobre posibles irregularidades que tengan que ver con tráfico de influencias y con una utilización inadecuada de fondos públicos”. Los socialistas se refieren a la venta de más de 1.800 viviendas de la EMVS, una gestión realizada en 2013 bajo el mandato de Ana Botella. El fondo de inversión Blackstone se hizo con el lote por 128,5 millones de euros.

La venta de viviendas públicas no solo preocupa al PSOE: Marta Higueras, concejala de Equidad y Asuntos Sociales en el equipo de Ahora Madrid, acusaba recientemente al PP de haber vendido las viviendas que ahora podría estar dedicando el Ayuntamiento a personas en situación de exclusión social. Ante las crítcias de los populares por la “ocupación” de viviendas en la capital, Higueras contraatacaba con la “escasez” de viviendas con las que cuenta el consistorio para “realojar a gente vulnerable que se queda en la calle”.

El equipo de Gobierno liderado por Manuela Carmena decidió distinguir entre las causas que motivan el fenómeno de la ocupación, diferenciando entre “las mafias” y entre familias en riesgo de exclusión que se ven obligadas a entrar a una vivienda por falta de alternativas. Decidió no penalizar a estas personas a la hora de solicitar el acceso a la vivienda pública en la capital.

“Tras ocho meses de comisiones nadie me ha preguntado qué va a ser de estas 1.800 familias que pagaban un alquiler social y que comienzan ahora a ver incrementada su rentas de 100, 150 y 200 euros que pagaban hasta el momento, a unos 700 euros que les empiezan a pedir estos fondos buitre”, denunciaba Higueras ante los miembros del equipo de Aguirre.

Sobre este asunto, recriminaba a los populares que la Cámara de Cuentas había enviado un anteproyecto de informe sobre la empresa municipal de la vivienda con datos “demoledores” sobre la gestión del equipo de la exalcaldesa Botella. Ese informe aún no se ha publicado.

El Grupo Municipal Socialista planteó en el pleno de marzo una proposición, apoyada por el resto de partidos a excepción del PP de Esperanza Aguirre, para poner en marcha una comisión de investigación que analice los contratos y proyectos ejecutados por el Ayuntamiento del Partido Popular en la EMVS, Mercamadrid y Madridec durante los tres últimos mandatos.

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