Año XXIV - Madrid, Martes 30 de Agosto de 2016

Afiliados de Ciudadanos llevan las cuentas del partido a la Fiscalía Anticorrupción

Denuncian "financiación ilegal" por el uso sistemático de las subvenciones a los grupos en ayuntamientos y autonomías en gastos del partido.

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Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
/ • 09:01

La 'Plataforma por las Garantías Constitucionales' se presenta como un colectivo de afectados por "la falta de democracia interna en el Partido Ciudadanos. En un comunicado, sostiene que hay “innumerables perjudicados que decidieron agruparse” para denunciarlo, y eso es lo que han hecho hace apenas dos días: presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesta “financiación ilegal” en la formación liderada por Albert Rivera.

Según el relato de esta plataforma, la “Carta Ética y Financiera” del partido ordena, de facto, una administración irregular de las subvenciones recibidas de las instituciones en las que Ciudadanos ha ido obteniendo representación. Denuncia que las directrices disponen que “las asignaciones publicas a los Grupos Políticos de los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos Autonómicos” quedan en cuentas bancarias controladas por el nivel central del partido, y no por las propias agrupaciones como marca la ley.

Aportan ese documento financiero para mostrar cómo se avisa a todos los miembros de que “los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales se dedicarán al pago de los créditos que el Partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electorales". ElBoletin.com se ha puesto en contacto con el departamento jurídico de Ciudadanos sin que por el momento el partido haya aportado su versión.

A juicio de la plataforma, esta instrucción contradice la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos. La norma establece que las subvenciones deben dedicarse a “atender los gastos de funcionamiento” de los grupos municipales y parlamentarios, y no para el “pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”.

Por tanto, concluyen los denunciantes, “difícilmente tendría encaje legal” destinar esas asignaciones a la financiación de un partido político, “como establece la Carta Ética y Financiera del partido Ciudadanos”. Además recuerda que la ley “exige a cada grupo llevar una contabilidad de la asignación” y que ésta debe estar disponible para los interventores de cada corporación.

“El Tribunal de Cuentas, cuando ha tenido oportunidad de fiscalizar estos fondos, ha sido meridianamente claro, dentro de las posibilidades que la legislación actual permite”, sostiene el colectivo de miembros y exmiembros del partido naranja. La principal baza de la plataforma pasa por denunciar que en las cuentas que cada agrupación local o autonómica debe crear para recibir sus correspondientes subvenciones, el partido obliga a mantener como apoderados a dos nombres de la Ejecutiva central: Carlos Cuadrado Arroyo y Jose Manuel Villegas Pérez. Este último nombre es el del jefe de gabinete de Albert Rivera y vicesecretario general del partido.

No obstante, la propia denuncia admite que hay poca jurisprudencia sobre este tipo de incumplimiento de la ley de partidos, así como de los reglamentos de cada pleno o cámara a la hora de fiscalizar las subvenciones de los grupos políticos. Recientemente, la Cámara de Cuentas de Madrid recordaba la insuficiente justificación de los gastos de los grupos en la Asamblea regional entre 2011 y 2013. En la práctica, los grupos transferían parte de las subvenciones a las cuentas de sus respectivos partidos, sin desglose ni justificación de ser gastos propios del funcionamiento del grupo, y no del partido.

La denuncia, presentada por Alberto Ganga, adjunta correos electrónicos de la directiva explicando el modo de proceder para la gestión de las cuentas, la Carta Ética y Financiera y algunos resguardos de creación de cuentas bancarias de Ciudadanos en varios municipios en los que, en efecto, aparecen como apoderados los miembros de la Ejecutiva central de Ciudadanos.

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