Durante la campaña electoral Rivera defendió a capa y espada la imposibilidad de que los inmigrantes tuviesen los mismos derechos sanitarios que los españoles. “Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, y los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España”, gozarán de una cobertura sanitaria “en las mismas condiciones que los españoles”. Es uno de los puntos recogidos en el documento “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” que firmarán hoy el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
La negativa de Ciudadanos a otorgar la asistencia sanitaria a personas en situación administrativa irregular iba claramente reflejada en su programa para las generales: el partido naranja pedía un Pacto de Estado por la Sanidad para definir la cobertura sanitaria de la población en todo el contexto de la UE, y exigía que no hubiese diferencias entre Comunidades Autónomas. Durante 2015, Rivera llegó a considerar «del todo inviable» asegurar a los inmigrantes unos servicios gratuitos en los mismos términos que a los españoles.
En este sentido, su idea era un “pacto europeo” para la asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia. Pretendía así que fuese la UE quien coordinase la cobertura mínima exigible a los países de la Unión, y se negaba a deshacer la ley de la exministra de Sanidad Ana Mato, que dejó sin asistencia sanitaria común a unas 800.000 personas sólo en España.
Uno de los argumentos clásicos de esta medida para la “estabilidad” del Sistema Nacional de Salud era la imposibilidad de otorgar distintos derechos a un inmigrante y a otro ciudadano europeo que pueda acudir a España en el llamado “turismo sanitario». Pero el documento firmado por Sánchez y Rivera no ha tenido problema en superar ahora esa barrera: dispone que “los nacionales de Estados Miembros de la UE tendrán los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y los tratados y convenios que se suscriba por España y les sean de aplicación”.
Para no tener que sufragar la sanidad de ciudadanos europeos que ya tienen ese derecho garantizado en su país de origen, el pacto recurre a una Directiva europea de 2011 sobre “asistencia sanitaria transfronteriza”. Esa norma establece que “la atención se prestará de acuerdo con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y aplicando el sistema de tarifas vigente”, que deberá ser abonado por los países de origen.
En cualquier caso, el documento asegura las mismas precauciones sobre atención urgente que se mantuvieron incluso tras la reforma de la anterior ministra, que garantizan la atención de urgencia “por enfermedad grave o accidente” así como la asistencia general gratuita a embarazadas (durante el embarazo, parto y postparto) y los menores. En estos casos no se especifica el requisito del empadronamiento.
Para el común de las personas no europeas y ‘sin papeles’, no se fija sin embargo un mínimo de tiempo de inscripción en el padrón. Actualmente, algunas regiones como Valencia han recurrido a este sistema para devolver la sanidad a inmigrantes. Otras, como Andalucía, nunca llegaron a obedecer al Real Decreto de reforma sanitaria del PP.
