El reglamento de la Mesa de la Cámara Baja no contempla penalizar a los parlamentarios que aporten información errónea o incompleta ni contrastar los datos con organismos como Hacienda. No hay un sistema para comprobar la veracidad de las declaraciones de actividades y bienes presentadas por los miembros del Congreso de los Diputados. Tampoco existe ningún procedimiento para penalizar a sus señorías en caso de incurrir en falsedades. Según confirman fuentes de la Cámara baja, las declaraciones publicadas esta semana se basan “en la buena fe” de los diputados.
“Los Diputados y Senadores han de ser ejemplo de rigor y de transparencia, de manera que ambos principios constituyan las señas de identidad de su actividad política”. Es el comienzo de la ley que en 2011 dio orden de publicar las rentas percibidas por los parlamentarios durante su mandato “así como las variaciones experimentadas en su patrimonio personal”.
Sin embargo, el reglamento que desarrolla esa orden no establece que los datos aportados por los parlamentarios deban contrastarse con la información de otros organismos del Estado, como es el caso de Hacienda. Por otro lado, el formulario que el Congreso facilita a los diputados no deja mucho espacio a las especificaciones, de forma que los bienes declarados constan sin apenas detalle de sus características.
Los diputados y senadores deben limitarse a rellenar el formulario y presentar la documentación que avale cada dato que inscriben en el mismo. Ningún otro órgano de la cámara se encarga de velar por la veracidad y la falta de imprecisiones de la información aportada, de manera que este tipo de declaración no tiene valor documental a efectos legales.
Según las fuentes consultadas, el Parlamento aboga por este método por ser el mejor “a efectos de comparación”: se trata de contrastar los bienes de sus señorías al tomar posesión del escaño con la declaración presentada cuando abandona el cargo. El Congreso entiende que este formulario es “más completo” que una declaración de Hacienda, por ejemplo, en el que solo constan los movimientos de dinero y los bienes que generan rendimiento, no todas las propiedades del declarante.
Aunque no existe una fecha límite para presentar la declaración es “un requisito sine qua non” para acceder a derechos como la participación en sesiones de la cámara o cobrar la nómina, según las mismas fuentes. Por ello, aunque todavía hay 19 diputados que no han formalizado su entrega, se espera que en la Mesa de la próxima semana todos los miembros de la cámara baja hayan cerrado el trámite.
