La mayoría de los grandes ayuntamientos, Comunidades Autónomas, parlamentos regionales, Congreso y Senado incumplen con la obligación de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Solo tres Comunidades Autónomas (el 18% del total) y tres de cada cuatro ayuntamientos y parlamentos autonómicos cumplen con el mandato legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La ley de 2013 es incumplida por todas las regiones salvo País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña. Para los 19 parlamentos autonómicos, los únicos que dan cumplimiento a la norma son el Parlamento de Andalucía, la Junta General del Principado de Asturias, el Parlamento de Canarias, el Parlamento de Cataluña y la Asamblea Regional de Murcia.
Las tres cuartas partes de los 110 grandes ayuntamientos analizados por Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública tampoco dan traslado a sus contratos a la plataforma central dispuesta para ello. “Resulta significativo en este contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal”, destacan los autores del informe.
Por último, ninguna de las dos cámaras del parlamento nacional se ciñe a la ley para asegurar la transparencia en el sector público: ni Congreso ni Senado publican sus contratos en la citada Plataforma.
“Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal”, con el objetivo de que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas “se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país”, pide Transparencia Internacional.
La ONG considera que es un requisito indispensable para “el aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global”.
Del total del centenar de consistorios analizados, dan cumplimiento total a la normativa solo 18: Algeciras, Ávila, Avilés, Barakaldo, Cuenca, Elche, Fuengirola, Gijón, Granada, Jerez de la Frontera, Logroño, Lorca, Málaga, Oviedo, Pontevedra, Roquetas de Mar, Soria yTeruel, según el listado publicado por Transparencia Internacional.
La ley de «garantía de la unidad de mercado», de diciembre de 2013, se creó para garantizar «un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión» mediante un sistema que permitiese una contratación de servicios a mayor escala en las administraciones públicas. Esta ley explicita «la obligatoriedad de publicación de las convocatorias de licitaciones públicas y sus resultados» en la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.
