La Dirección de Medios de la Comunidad contrató con una empresa de Alejandro De Pedro trabajos para realzar la imagen del expresidente que solo consiguieron unas 600 visitas y 110 retuits. La Comunidad de Madrid contrató con la empresa EICO, propiedad del conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, servicios de mejora de la reputación para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Pero era un encargo difícil, según muestra la información que hoy publica Cadena Ser : la Dirección General de Medios contrató con dinero público trabajos para mejorar la mala imagen política de González y restar visibilidad a las noticias negativas sobre él, de cara a las elecciones municipales de 2015.
Sin embargo, los perfiles y medios creados para tal fin no fueron capaces de frenar la asociación de González con asuntos como el “caso ático”, a las cuentas suizas de Francisco Granados o los procesos de privatización sanitaria. Como resultado de los trabajos de la empresa del cabecilla de la trama de corrupción, las visitas a la web de Ignacio González se hundieron un 70% entre enero y febrero de 2014. Ese mes, solo 602 personas entraron en su página.
Según el mismo medio, la empresa contratada creó portales falsos y perfiles en Twitter para contrarrestar las informaciones negativas. Para ello, abrió 110 perfiles de usuarios nuevos solo para mejorar la imagen de González, que generaron 1.780 tuits y solo 110 retuits.
En Twitter, el informe destaca el papel de «los colectivos sanitarios y Sufridores Metro» como corrientes negativas y solo salva la imagen del presidente su posición favorable a la bajada del IVA cultural.
Los trabajos a cuyos documentos ha tenido acceso la citada emisora fueron elaborados en febrero de 2014. La responsable de la Dirección General de Medios de la Comunidad en ese momento, Isabel Gallego, está imputada en la causa de la Púnica. EICO elaboraba informes y trabajos de este tipo para la Comunidad de Madrid desde 2012, y según las declaraciones realizadas en sede judicial, el Gobierno abonaba unos 1.500 euros por estos informes, asignados a dedo y firmados mediante contratos que no son públicos, explica Cadena Ser.
