¿Qué harán los candidatos con el artículo 135 de la Constitución?

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¿Qué harán los candidatos con el artículo 135 de la Constitución?

Constitución Española

A falta del programa del PP, esto es lo que opinan los principales partidos sobre el artículo que priorizó la estabilidad presupuestaria sobre el gasto en la Carta Magna. La reforma constitucional es uno de los puntos calientes en el debate programático de los principales partidos, y dentro de esa materia destaca la polémica reforma del artículo 135. En septiembre de 2011, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recibió la ayuda del PP para sellar el principio de estabilidad presupuestaria y limitar el déficit en la propia Constitución. La reforma salió adelante con el rechazo del resto de grupos, incluidos CiU y PNV.

“La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución”, se reescribió en el artículo 135, que supedita cualquier actuación de las Administraciones Públicas al sacrosanto “principio de estabilidad presupuestaria”. Una legislatura después, esto es lo que opinan los candidatos a La Moncloa sobre uno de los artículos más jóvenes y más polémicos de la Constitución de 1978.

Partido Popular

Los populares han ido desgranando partes de sus propuestas sin publicar un programa conjunto, por el momento. En esos avances solo hay una aproximación a la defensa de los valores de la Constitución y la vigencia de su contenido. “La Constitución es de todos y para todos, y no vamos a aceptar que se cuestione su vigencia, sin ningún fundamento”.

Sin embargo, la posición del actual partido del Gobierno sobre el 135 la ha manifestado esta mañana el Ministros de Justicia, Rafaél Catalá, que ha afirmado ante los micrófonos de Cadena Ser : “Lo mantendríamos. No se puede gastar lo que no se tiene. Tener medidas para el equilibrio de las cuentas me parece una magnífica regla de conducta”. Respecto a otros cambios constitucionales, Catalá ha considerado que “no es el debate ni el momento”.

Partido Socialista

Los socialistas proponen una ambigua marcha atrás para asegurar servicios como la sanidad o la educación: plantean reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la “estabilidad Social” del Estado “con el fin de que, con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”.

Es una lectura abierta con la que Pedro Sánchez aboga revisar el artículo ya reformado. También apuesta por “blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía”. Aunque no hace referencia a si ese derecho podría chocar con la deuda.

Sobre ello ha opinado en la misma tertulia el diputado socialista José Enrique Serrano, que sí cree en el control del déficit como garantía para amntener los derechos, aunque “la lectura que ha hecho el Gobierno del artículo 135 ha sido la más radical. Proponemos modificar el 135 para garantizar los grandes derechos sociales”, ha sentenciado.

Ciudadanos

“No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Pero consideramos que el 135 deja demasiada manga ancha al gobierno. Podemos limitarla”, ha aclarado Begoña Villacís, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid por el partido naranja.

Sin embargo, su programa no critica la norma: afirma “compartir” el artículo 135 por exigir “el equilibrio estructural de las cuentas del Estado y las Comunidades Autónomas”. En ese mismo apartado, llamado «Una nueva fiscalidad para un nuevo modelo económico», el programa de Ciudadanos desarrolla la idea que verbalizaba Villacís: “Priorizar el gasto: se trata de invertir mejor, pensando en el futuro, no simplemente de gastar”. Respecto a la estabilidad, Ciudadanos sostiene que no se puede determinar cuál tiene que ser el nivel de ingresos necesarios “sin empezar por saber qué gasto es necesario y cuál superfluo”.

Rivera también apoya la fusión de municipios en pos de la sostenibilidad de los servicios, tal como prevé la reforma local que los populares aún no han podido sacar adelante.

Podemos

El programa del partido de los círculos no nombra explícitamente el artículo, aunque ha sido un de sus tradicionales caballos de batalla para atacar al PSOE y la postura oficial de Podemos apunta a revertir la reforma de Zapatero. Iglesias ha criticado duramente al PSOE por reformar la norma “a espalda de los ciudadanos”, así como su pacto con los conservadores para consagrar el cambio.

Sobre la priorización del gasto social, Podemos redacta un extenso apartado dedicado a la “emergencia Social” en la que aboga por crear un Prodedimiento de Energencia Ciudadana (PEC) que asegure la “los procedimientos administrativos vinculados a las prestaciones que garanticen la integridad física y psicológica, y las condiciones de dignidad, para la supervivencia de las personas”. La formación de Pablo Iglesias asegura que, una vez calificados como PEC, estos gastos tendrán “prioridad presupuestaria y de planificación, de tesorería, de urgencia de plazos y de especial dotación de recursos humanos y materiales”.

Más explícito ha sido en la tertulia de Cadena Ser el magistrado Juan Pedro Yllanes, candidato al Congreso por Baleares: “Podemos reclama una reforma constitucional que garantice los derechos sociales básicos de los españoles. Europa nos puede llamar la atención, pero también a Francia y Alemania, que se han saltado el déficit”, ha considerado.

Unidad Popular

El programa con el que Alberto Garzón quiere llegar a La Moncloa sostiene, textualmente: “Se revertirá la modificación del artículo 135 de la Constitución. Por el contrario, se demandará de la UE permitir el acceso de los Estados a la financiación directa del BCE, convertido en un Banco Central de la Unión Europea, con control democrático”.

Sobre la cuestión, el líder de la candidatura Unidad Popular ha sostenido esta mañana que su partido está “a favor de derogar la última modificación, que priorizaba el pago de la deuda sobre otros gastos. Una lectura fundamentalista del déficit sobre pensiones es peligroso”.

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