La medida es similar a la que puso en marcha la Junta de Andalucía y que tumbó después el Tribunal Constitucional por invadir competencias. Ciudadanos aborda el drama de los desahucios en España en su programa electoral para los comicios del 20 de diciembre. El partido de Albert Rivera propone, entre otras cosas, expropiar las viviendas a los bancos durante un plazo máximo de tres años. Esta medida es la misma que la Junta de Andalucía, a instancias de IU, anunció en 2013 y que dos años más tarde ‘tumbó’ el Tribunal Constitucional.
“Las personas en especiales circunstancias de emergencia social podrán ser beneficiarias de la expropiación forzosa a la entidad financiera del uso de la vivienda durante un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente”. Así lo recoge el partido naranja en el bloque dedicado a las Políticas Sociales de su programa que señala también que “el beneficiario satisfará una parte del justiprecio”.
Asimismo, Ciudadanos se compromete a proteger “a los niños y a las familias frente a los desahucios y desalojos”. Para ello, favorecerá “la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, prioritariamente de las numerosas, monoparentales y con discapacitados”.
Junto a esto, ampliarán “la protección de los menores vulnerables en términos de realojo, aseguraremos una alternativa habitacional digna antes de proceder al desalojo” y facilitará “el acceso al alquiler de las familias numerosas y monoparentales con menores a cargo en situación de vulnerabilidad social”.
Entre sus medidas en materia de vivienda, la formación de Rivera también aboga por “una auditoría de viviendas vacías de titularidad estatal, autonómica y municipal, con la finalidad de ver aquellas que podemos poner a disposición de personas que se encuentren en riesgo de exclusión social”.
Andalucía
La mencionada expropiación de viviendas no es nueva. En 2013 la Junta de Andalucía (gobernada por una coalición de PSOE e IU) anunció un decreto ley de Medidas para asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que incluía la expropiación del uso de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años para los desalojos de familias en riesgo de exclusión social. Exactamente igual que lo prometido ahora por Ciudadanos.
Esta medida, cuya paternidad es de Izquierda Unida, fue declara ilegal apenas dos años después por el Tribunal Constitucional que estimó, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el conocido como ‘decreto ley andaluz antidesahucios’. Este tribunal consideró ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos al invadir la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”.
