González regresa a la Asamblea para comparecer por la venta de viviendas a fondos buitre

Madrid

González regresa a la Asamblea para comparecer por la venta de viviendas a fondos buitre

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido convocado como máximo responsable político de la venta de 3.000 viviendas públicas a fondos buitre. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, comparecerán hoy ante la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea para informar de la venta de viviendas del IVIMA a fondos de inversión.

El objetivo de dicha comisión, impulsada por Ciudadanos y respaldada por PSOE y Podemos, es determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los casos de corrupción conocidos durante las dos últimas legislaturas, y por ahora abordará la operación del IVIMA, por la que se enajenaron cerca de 3.000 pisos públicos, adquiridos por Azora-Goldman Sachs. Otro asunto que se tratará en la comisión es la actuación de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), investigada en el marco de la trama Púnica.

Tras las comparecencias en la primera sesión de los exdirectores gerentes del IVIMA Juan Van-Halen y Ana Gomendio; la secretaria general técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda en el momento en que se produjo dicha operación, Matilde García, y la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, Sonia Martínez, la comisión tiene previsto cerrar las sesiones sobre la venta de viviendas públicas a los llamado fondos buitre con las comparecencias de González y Cavero, así como la del presidente de la mesa de adjudicación, Francisco Javier Carmena, y la de un representante de Azora, Fernando Gumuzio.

Según la oposición, las comparecencias de ambos exresponsables de la Comunidad de Madrid está completamente justificada, y servirá para aclarar cómo se dio luz verde a una operación que Podemos en la Asamblea tacha de «gestión inaudita».

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