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Contratos troceados y ausencia de control en las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior
El Tribunal de Cuentas señala numerosas deficiencias en las ayudas gestionadas por el departamento de Fernández Díaz, que presupuestó 18,9 millones en 2012 pero acabó gastando 25,8 millones.
El Tribunal de Cuentas tiene 'algo' que decir sobre las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior durante 2012, aunque no prevé ninguna sanción por todas las deficiencias halladas en el proceso. Según el informe publicado hoy, el departamento de Jorge Fernández Díaz acabó el ejercicio con una suma de 35,8 millones en subvenciones, aunque había presupuestado un gasto de 18,9. Es decir, las modificaciones de crédito en el ejercicio llegaron a los 16,9 millones de euros.

Más allá de la falta de cálculo, el informe del Tribunal señala constantes irregularidades e incumplimientos de la Ley General de Subvenciones. Las ayudas directas se quedan con la mayoría de la partida: unos 22,8 millones de euros de los que 14,2 millones correspondieron a subvenciones para cooperación internacional y otros 7,1 millones a necesidades derivadas de “situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica”.

Dentro de la cooperación internacional, el Tribunal destaca que se troceó una adjudicación en dos contratos menores, adjudicados a la misma empresa “para recoger la mercancía en el mismo puerto y en la misma fecha, ascendiendo el importe de dichos contratos a 17.999 euros y 13.600 euros, respectivamente”. El informe denuncia que estos contratos, dedicados al transporte de equipamientos a otros países, “debieron articularse a través de un único contrato, lo que supone un fraccionamiento del gasto que vulnera la Ley de Contratos del Sector Público”, se lee en el informe.

En otros casos, el Tribunal estima que la falta de previsión se suma a la ausencia de “evaluación”: “no ha quedado acreditado que Interior realizara un seguimiento de la eficacia de estas subvenciones”, amonesta el informe respecto a una de las ayudas para misiones de identificación en países africanos.

El resto de la partida se destinó a subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que se llevaron 2,2 millones de euros. De ellas, el Tribunal también destaca multitud de incumplimientos en cuanto a forma, plazo y criterios de valoración que contravienen la Ley General de Subvenciones.

“La elaboración de un informe global hubiera permitido mejorar el análisis de los resultados y la gestión de las ayudas”, resume el informe fiscalizador. Critica que Interior dotara de 2,2 millones de euros a ayudas en régimen de concurrencia “cuyas bases reguladoras presentaron carencias respecto al plazo o la forma de presentación de solicitudes, al régimen de compatibilidades con otras subvenciones” e “incoherencias entre el contenido de las bases reguladoras y el de las convocatorias”.

En relación con las subvenciones para situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, el periodo medio de resolución se situó en siete meses desde la presentación de la solicitud, “plazo que resulta excesivo habida cuenta de que las subvenciones concedidas en casos de catástrofes están destinadas a paliar situaciones de emergencia”, escribe el Tribunal, entre muchas otras deficiencias.

Simples recomendaciones

A raíz del informe, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se limita a “instar” a Interior a conseguir “una adecuada planificación estratégica de subvenciones” que supere los fallos señalados, a realizar una “evaluación exhaustiva” de los procedimientos para que se cumpla la normativa y a definir, de forma detallada, “indicadores de seguimiento de los objetivos” y de las “desviaciones” respecto a las previsiones. Aunque las deficiencias suponen en muchos casos incumplimientos legales, no se contemplan sanciones.

La Comisión también solicita a Interior que traslade a la Base de datos nacional de subvenciones toda la documentación y datos relativos a “todas las subvenciones”. Por otro lado, insta al Gobierno central a “revisar los procedimientos que utiliza y las políticas que lleva a cabo en materia de subvenciones por catástrofes y siniestros”.
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