Para el consistorio, se trata de una medida temporal hasta que el ministro Soria acceda a ampliar y mejorar la cobertura del actual bono social para las facturas de agua, luz y gas. El equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ha iniciado conversaciones con empresas de luz, gas y agua para pedirles poder hacerse cargo de “los impagos de familias vulnerables, hasta un máximo de dos facturas por suministro, para que la compañía no proceda al corte» de los mismos. Por el momento, el Ayuntamiento ha formulado su propuesta Endesa e Iberdrola, aunque se pretende ampliar la petición a otras suministradoras. La capital da así el impulso a su plan contra la pobreza energética, un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya pedido la creación de un fondo solidario para el mismo asunto.
En esos tales casos y tras los dos pagos por parte del consistorio, el equipo de Ahora Madrid pretende que las empresas de suministros activen el bono social para los hogares en cuestión, y que en lugar del ahorro del 25% actual, se pase a descontar el 50% de la factura a las familias vulnerables.
Estas medidas son una solución temporal hasta que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se haga cargo de las peticiones, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, para afrontar el problema de la pobreza energética, según ha informado la concejal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.
Las peticiones de Carmena a Soria
Porque más allá del fondo solidario reclamado por Cifuentes, la capital considera imprescindible modificar la ley del sector eléctrico para decretar lo que se ha llamado “hogares vulnerables”: el equipo de Carmena trasladará a Soria, en la reunión que mantendrán a lo largo de este jueves, las demandas consistorio. En primer lugar, que los servicios sociales puedan establecer qué hogares son vulnerables: aquellos “cuyos gastos energéticos superen el 10% de los ingresos o donde se esté percibiendo la renta mínima de inserción u otras circunstancias por definir”, explica Higueras.
En segundo lugar, el hogar vulnerable deberá tener acceso a “una tarifa social en su consumo energético”. El consistorio reclama que esa tarifa sea “progresiva”: “Que en caso de extrema pobreza se pueda alcanzar el 100% de la tarifa y así progresivamente”. Por último, la edil propondrá a Soria un “plan de asesoramiento para deducir los costes de los suministros para promover el cambio en los hábitos de consumo”.
El Ayuntamiento sugiere que la financiación de este “programa podría ir con cargo al fondo de contingencia de los presupuestos o se podrían buscar vías de financiación alternativas a través de la reestructuración de los bonos sociales ya existentes”.
Según los datos que maneja el consistorio, 1.141 hogares solicitaron ayuda al Ayuntamiento para pagar sus suministros básicos, lo que supone un coste de algo menos de 280.000 euros. Estos datos, insiste Higuera, no dan una “medida real del problema”, puesto que solo se conocen los datos de aquellas personas que se acercan hasta los servicios sociales para reclamar ayuda.
Bono social insuficiente
Según ha considerado la concejal madrileña, el bono social eléctrico actual contempla unos supuestos que pueden dejar fuera a muchas personas vulnerables, o agraciar a consumidores que no sean realmente vulnerables. «Los requisitos son tener contratados una potencia inferior a 3 Kw; ser un consumidor de 60 años o más percibiendo las cuantías mínimas por la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad; ser familia numerosa, o que todos los miembros estén en situación de desempleo», recuerda Higueras.
