El TSJC considera que la protesta supone “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”. La alcaldesa del Barcelona, Ada Colau, ha sido la encargada de leer el manifiesto a favor de la consulta soberanista del 9 de noviembre este martes en la plaza Sant Jaume, donde se concentran unas 2.000 personas en protesta por el comienzo de los juicios contra los imputados por este ‘referendum’.
Colau ha tachado las querellas contra el presidente catalán, Artur Mas, de “antidemocráticas”. “Denunciamos esta judicialización y nos mostramos corresponsables con la convocatoria del 9-N”, ha sentenciado.
Junto a ella han estado otros representantes del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, entre ellos Oriol Junqueras (ERC), Joan Herrera (ICV), Lluís Rabell (Catalunya Sí Que es Pot), Josep Rull (CDC), Ramón Espadaler (UDC), Albert Botrán (CUP), representantes de Gobierno regional, de CCOO y de UGT.
A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha mandado un comunicado calificando de “inadmisible” que miembros del Gobierno participen en manifestaciones en contra de las resoluciones judiciales, ya que esto “atenta contra la división de poderes” y por pone “en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional”. Para los jueces esto supone “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”.
Así, el TSJC ha rechazado que se vinculen sus decisiones “a intereses políticos” y ha asegurado que esta concentración “responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno”.
