El consistorio ha detectado sobrecostes en los servicios de seguridad de las instalaciones de Madrid Destino y que la empresa adjudicataria anotó en «eventos puntuales». La línea de actuación del equipo de gobierno de Ahora Madrid ante un sobrecoste en Madrid Destino seguirá este orden: primero pagar, y después investigar. Así lo ha decidido el Consejo de Administración de la empresa de titularidad municipal, presidido por la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, que ha dado luz verde al pago de un “sobrecoste no contemplado en el marco legal de contratación”. Según el consistorio, la empresa Alerta y Control S.A., responsable de los servicios de seguridad en las instalaciones adscritas a Madrid Destino, facturó 668.172,78 euros más de lo contemplado.
El gobierno municipal de Manuela Carmena quiere investigar la gestión de ese sobrecoste, que la empresa facturó en la partida de “eventos puntuales”. Desde 2013 a 2015, Alerta y Control fue adjudicataria del servicio ingresando 3.514.454 euros durante esos dos años. “La antigua dirección de seguridad hizo efectivo parte de ese pago, por un procedimiento anómalo que está siendo estudiado”, sostiene el consistorio en un comunicado.
No obstante, el Consejo de Administración aprobó ayer el pago a la empresa de la cantidad que quedaba por liquidar y que la empresa reclamaba, una vez certificada la prestación de servicios. Pero el consistorio avisa de la apertura de una investigación para analizar “la justificación real de los servicios contratados” y exigir responsabilidades.
Por otra parte, se ha sustituido a los directores de las áreas de Seguridad, Financiera y de Marketing y Ventas y se ha nombrado a Santiago Eraso nuevo director de las mismas. El Ayuntamiento insiste en que Eraso cuenta con un perfil cultural para preservar la finalidad pública de Madrid Destino.
“Además, se están revisando todas las contrataciones y regularizando a través del Consejo de Administración y depurando todas las responsabilidades, en especial en lo relativo a la gestión de infraestructuras y al establecimiento de un régimen transparente de alquiler y gestión para la finalidad pública de esta empresa de titularidad municipal”, apuntan las fuentes consistoriales.
