La Rioja dará atención sanitaria a ‘sin papeles’

Sanidad

La Rioja dará atención sanitaria a ‘sin papeles’

Pacientes extranjeras en consulta del médico

Cruz Roja y Cáritas actuarán como intermediarios entre los inmigrantes en situación irregular y la Consejería de Sanidad. El Gobierno de La Rioja, liderado por José Ignacio Ceniceros, ha anunciado que en esta autonomía también se dará asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, con la condición de que estos lleven un mínimo de tres meses empadronados en el servicio de sanidad de la comunidad, frente a los seis meses que pedía el Gobierno central.

El Ejecutivo regional, gobernado por el PP, ha presentado una novedad en el sistema: las ONGs Cruz Roja y Cáritas serán los intermediarios entre las personas ‘sin papeles’ y la Comunidad Autónoma. Para la consejera de Sanidad regional, María Martín, esto supondrá que sean los organizaciones las que “convenzas a los sin papeles del empadronamiento como puerta a la integración”.

Una vez los inmigrantes consigan el documento acreditativo sanitario, que será entregado por las ONGs, se les asignará un médico genérico y podrán beneficiarse de las diferentes especialidades médicas, aunque sólo en La Rioja. Además, deberán renovar el documento anualmente.

Además, las organizaciones serán las encargadas de valorar si el inmigrante no tiene recursos económicos suficientes, condición necesaria para que la Consejería de Sanidad le preste estas ayudas. El Gobierno central estableció que el requisito era que estas personas no percibiesen más unos 500 euros al mes.

“En un mes o mes y medio, estará en marcha”, ha asegurado este miércoles Martín. Esta medida que podría beneficiar a entre 500 y 3.000 personas se cerrará este jueves y se comenzarán a tramitar los certificados y la gestión de los documentos.

La Rioja se ha unido así a las autonomías que ofrecen atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, junto a Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid y Murcia. Sin embargo, este lunes el Ejecutivo central indicó que la prestación de este servicio en la autonomía valenciana podría ser inconstitucional.

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