La Cámara de Cuentas avisó al gobierno de Aguirre de la opacidad de las cuentas hasta en 14 ocasiones mientras el liquidador defiende la «claridad» de las cuentas del macroproyecto. La Comisión de Deuda promovida por Podemos y respaldada por PSOE y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha arrancado hoy con dos señaladas comparecencias relativas al macroproyecto Ciudad de la Justicia, el polémico proyecto que despilfarró 105 millones de euros bajo el anterior gobierno del PP.
Por un lado, el liquidador de la sociedad pública Campus de la Justicia S.A., Miguel Ángel Fernández Calvo, que ha defendido la «claridad» de las cuentas. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Deuda, la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta, ha manifestado su sorpresa al «comprobar que el liquidador de la sociedad Campus de la Justicia era una persona sin titulación adecuada para llevar a cabo esta gestión. Se trataba de un militante de base del Partido Popular”, ha añadido.
En efecto, según se observa en la web del PP en Tres Cantos, Miguel Ángel Fernández es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Según ese perfil también ha sido ha sido asesor técnico en el Ayuntamiento de Madrid a nivel de distrito. El responsable de liquidar las cuentas tras el desplome del proyecto estrella de Esperanza Aguirre ha admitido desconocer por qué se autorizó una ampliación de capital de más de 8 millones de euros en 2012, cuando ya se había decidido la liquidación de la sociedad pública y la disolución del proyecto.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas desde 2012, Arturo Canalda, que ha asegurado que la Cámara de Cuentas advirtió al gobierno regional, dirigido entonces por Esperanza Aguirre, de que las cuentas de la sociedad pública encargada del proyecto no eran claras. Según ha declarado hoy en la comisión de estudio sobre el endeudamiento de la región, la Cámara de Cuentas llegó a notificar “hasta en 14 ocasiones” la opacidad de los números de Campus de la Justicia de Madrid S.A.
Sin embargo, los fondos públicos siguieron llegando al macroproyecto que preveía aglutinar todos los departamentos judiciales de Madrid, y que hoy solo presenta un edificio en pie, cerrado y sin uso. Según su presidente, la Cámara de Cuentas no fue capaz de fiscalizar las cuentas de la sociedad, que solo presentó la documentación en plazo el primer año de su existencia, en 2006. Canalda ha reclamado más capacidad ejecutiva para que “no se vuelvan a repetir” este tipo de actuaciones, y ha afirmado que otros órganos homólogos tienen más capacidad sancionadora que la Cámara de Cuentas de Madrid.
Primera sesión de la Comisión de la Deuda de la Comunidad en la Asamblea de Madrid. ¿Pudieron evitar el derroche? pic.twitter.com/6arWOzxIVd
— José Manuel López (@JoseManuel_Lop) octubre 6, 2015
«Como se suele decir, más claridad y luz y taquígrafos, imposible». El liquidador de Campus de la Justicia #ComisiónDeuda #RisasEnLaSala
— Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) octubre 6, 2015
El macroproyecto fue puesto en marcha con la inyección de 130 millones de euros. El argumento era que la Comunidad de Madrid gasta al año casi 40 millones de euros en alquileres de sedes judiciales. El Gobierno central, dueño de la Audiencia Nacional, también incluida en el Campus, aportó 10 millones; se obtuvieron otros 76 de la venta de dos edificios judiciales públicos; la Comunidad de Madrid aportó tres inyecciones de 8 millones cada una y se pidieron otros 20 millones más al Ejecutivo central, según publicaba El País el pasado mes de agosto.
De esos 130 millones, el Campus solo cuenta ahora con un positivo de 25 millones de euros. Solo hay un edificio en pie, el que iba a ser el nuevo Instituto Anatómico Forense de Madrid, que se encuentra aislado en un secarral entre IFEMA y el Aeropuerto de Madrid. El resto del dinero, 105 millones de euros, se ha gastado en auditorías, en abogados, nóminas y pagos por diseños como los del arquitecto Norman Foster, cuyo proyecto no se ejecutó pero al que hubo que indemnizar con más de 10 millones de euros.
La deuda regional se disparó en casi 10.000 millones de euros desde 2011 a 2014, y desde 2004 hasta hoy se ha quintuplicado lo que debe la Comunidad Autónoma.
