La institución aconseja a los gobiernos que sean “más selectivos” en su menú de prestaciones gratuitas y que impulsen los medicamentos genéricos, más baratos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a insistir en sus tesis de austeridad. En un nuevo informe publicado este jueves sobre la sostenibilidad de la sanidad pública, la institución concluye que, si no se aplican nuevos recortes en los próximos años, antes de que pasen 40 el sistema colapsará.
Desde la OCDE se critica que la cobertura sanitaria es tan amplia que el coste de la atención se volverá insostenible en los países más desarrollados a mediados de siglo. El único antídoto que presenta la institución contra tan pesimista augurio es la puesta en marcha de reformas que, en su mayoría, pasan por recortes a prestaciones y una mayor participación de los pacientes en el gasto que ocasionen.
En el informe se recuerda que aunque la crisis provocó una desaceleración del presupuesto sanitario, especialmente en Europa, este sigue siendo muy abultado. En el Viejo Continente, según recoge el informe, el gasto público en salud asciende a un 6% del PIB, mientras que en 2015 el peso de esta partida ascenderá a un 9% y hasta el 14% en el año 2060. Algo que se debe también al envejecimiento de la población, que se traduce en más tratamientos y menor número de contribuyentes en activo.
Ante este panorama, la OCDE alerta de que el actual modelo presupuestario de la sanidad pública es insuficiente para “seguir garantizando la misma salud de los ciudadanos y la adquisición de innovación”. En esta línea de discurso apelan a la necesidad de un “trabajo conjunto” entre los ministerios de Sanidad y Hacienda de los distintos países, pues se subraya que los fondos públicos siguen representando alrededor de tres cuartas partes del gasto sanitario, que a su vez proceden en su gran mayoría de impuestos que los ciudadanos ven sustraídos directamente en sus nóminas.
Por lo que se refiere a este último punto, la institución pone en el punto de mira a países como Austria, República Checa, Alemania, Corea, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, donde más del 70% de la financiación pública para la salud procede de las contribuciones sobre nómina. Además, se aconseja que los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y alimentos poco saludables se destinen a este ámbito, cosa que por el momento tan solo ocurre oficialmente en Francia.
La lista de recomendaciones a los gobiernos nacionales pasan también por establecer mecanismos “más selectivos” a la hora de fijar el menú de prestaciones, mecanismos de pago a proveedores en función de los resultados obtenidos e impulsaran el consumo de medicamentos más baratos como los genéricos. Por si acaso, aconsejan la fijación de herramientas para monitorizar la financiación que emitan alertas en caso de detectar excesos para poder introducir, de forma inmediata, medidas correctoras. No se olvida la institución tampoco de aconsejar más inversión en iniciativas sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Valencia, en sentido contrario
A pesar de estas advertencias y consejos, las administraciones públicas parecen ir en sentido opuesto a la OCDE en muchas cuestiones. A la prestación de asistencia sanitaria a inmigrantes indocumentados, Valencia ha sumado este jueves otros dos anuncios en sentido opuesto.
El Gobierno valenciano se ha decantado por eliminar el copago de medicamentos para pensionistas que perciban menos de 1.000 euros al mes y también para personas con discapacidad.
