Documentados 1.567 casos de exclusión sanitaria en 18 meses por la reforma de Ana Mato

Sanidad

Documentados 1.567 casos de exclusión sanitaria en 18 meses por la reforma de Ana Mato

Ana Mato, exministra de Sanidad

Más de 300 organizaciones han recogido los datos y testimonios de personas que han visto denegado el acceso a la sanidad por la ley de 2012 en doce comunidades autónomas. La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER) ha puesto “nombre y apellidos” a la exclusión sanitaria derivada de la reforma de 2012, que privó a las personas en situación irregular o con algún obstáculo administrativo del acceso gratuito al sistema sanitario español. Aunque la reforma puesta en marcha por la exministra Ana Mato decretó que estas personas serían atendidas en los servicios de urgencias, han trascendido numerosas denuncias de enfermos que han sufrido las consecuencias de la falta de tratamiento, e incluso han fallecido sin recibir la asistencia que demandaban.

Más de 300 organizaciones se han propuesto documentar esos casos con una “radiografía de la exclusión sanitaria” en 12 comunidades autónomas, y han concluido que más de 1.500 personas han visto denegada de alguna forma el acceso a la asistencia sanitaria desde 2014 a julio de 2015. Con la participación de ONGs como Médicos del Mundo, la plataforma denuncia la “desprotección de las capas más vulnerables de la población” en el ámbito sanitario con testimonios como este:

C. es uruguaya de 71 años y vive en España hace varios años, junto con su hija y sus nietas, que son su única familia. Está empadronada hace más de tres años y antes sí tenía tarjeta sanitaria. Padece una enfermedad cardiovascular crónica. Ha tenido que ingresar varias veces por urgencias, ya que es la única vía de acceso al sistema de salud que les está permitida. Ya he recibido varios avisos de facturación y carece de medios económicos para pagarlas. Al persistir la insuficiencia respiratoria es remitida al hospital especializado con necesidad de cirugía urgente para sustitución de válvula aórtica. Junto con el alta hospitalaria recibe un informe médico que la deriva a seguimiento por su médico de cabecera. Pero, cerrando el círculo vicioso, no puede recibir este seguimiento porque no dispone de tarjeta sanitaria.

REDER entiende que la reforma sanitaria de 2012 no se justifica “ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni económico, ni de salud pública, ni desde la ética médica”. La retirada de la tarjeta sanitaria no solo afectó a inmigrantes en situación irregular: hasta un 25% de las incidencias las sufrieron personas con pasaporte comunitario, con permiso de residencia válido o con visado de turista o estudiante.

La desinformación ha jugado a favor del Real Decreto de 2012, puesto que un 12% de los casos se refieren a personas que no han sido informadas sobre su situación; un 22% se refiere a casos en los que los afectados desconocían que tenían derecho a una tarjeta sanitaria, y otro 12% del total corresponde “a personas a las que se les denegó la tarjeta sanitaria en su centro de salud a pesar de tener derecho a ella según la legislación, porque la información que manejaba el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea”.

También son recurrentes los casos de menores no atendidos (109, pese a que los niños no fueron excluidos por la ley) y de personas que acudieron a urgencias sin ser atendidos (224 casos). También se registran 78 casos de mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, con situaciones que van desde la negativa a tramitarles la tarjeta sanitaria como embarazada hasta casos en los que se niega el tratamiento a complicaciones derivadas del parto porque no se reconocen dentro de la atención obligada por el Real Decreto-Ley).

Más información