La propuesta del Gobierno a las CCAA pasa por registrar a los inmigrantes para conocer sus circunstancias. Ahora pide a las regiones que hagan sus propuestas. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha explicado sus propuestas a las comunidades autónomas para gestionar la devolución de la asistencia a inmigrantes irregulares. Ha pedido que lleven al menos 6 meses empadronados y se encuentren en “situación de vulnerabilidad o exclusión”. Ha anunciado que los afectados tendrán que abonar el 40% de los medicamentos.
Lo ha declarado tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que se ha analizado su borrador con representantes autonómicos y de los Ministerios de Empleo, Interior y Asuntos Exteriores. En este punto, Sanidad da 15 días a las comunidades autónomas para proponer mejoras al borrador, con espíritu “constructivo”, ha añadido Moreno.
En su opinión, el problema es cómo abordar la redacción de la normativa para evitar el turismo sanitario, es decir que cualquier ciudadano europeo «pueda creer que tiene el mismo derecho» que los inmigrantes en situación irregular y denunciarlo.La amenaza del turismo sanitario es el principal argumento del Gobierno para plantear una prestación especial, sin la habitual tarjeta sanitaria.
Por otro lado, y al ser preguntado por la posibilidad de que la Policía acceda a datos del registro que Sanidad propone, el secretario ha afirmado que no hay que comunicar esa información a Interior ni a la Comisaría de Fronteras. Ha explicado que estos inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque “tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas”, pero ha asegurado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras “ni puede acceder ni pretende” acceder a los datos
Algunas comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Castilla y León, han insistido en en la necesidad de un documento único para toda España. Otras regiones, como Andalucía, han pedido la retirada del decreto de 2012 por el que se sustraía el derecho a cobertura sanitaria gratuita al colectivo, limitando la atención de estos inmigrantes a urgencias, atención pediátrica y durante el embarazo y el parto.
