Los colegios de abogados recuerdan que los países miembros tienen la obligación de atender a los refugiados en virtud del derecho comunitario. La Abogacía Española recuerda que los países miembros de la Unión Europea están obligados a dar asistencia a refugiados y a personas desplazadas en cumplimiento del derecho comunitario y que la negativa a acatarlo «puede dar lugar a la imputación del Estado responsable de un crimen internacional«.
Según explica, el derecho de la UE en lo relativo al asilo y refugio está recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Además la UE, en desarrollo de todo ese conjunto de derechos, ha fijado un cuerpo de rigurosas normas comunes que constituye lo que denomina Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). “A ellos se debe añadir la Directiva sobre protección temporal en caso de personas desplazadas y medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas”, recuerda la Abogacía, en referencia a una ley comunitaria que podría jugar “un papel decisivo” en la actual crisis migratoria.
Los colegios de abogados explican que España, junto con los demás países de la Unión, «debe apoyar y poner en práctica las decisiones de las instituciones de la Unión Europea dirigidas a solucionar, o al menos paliar, los efectos de la crisis migratoria actual» que ha provocado el desplazamiento de miles de personas que necesitan protección. “Consciente de su responsabilidad”, la Abogacía Española pone “incondicinalmente” al servicio de esta tarea todos los recursos humanos precisos para “hacer efectiva la asistencia jurídica a las personas desplazadas y refugiadas”, sostienen los abogados. Anuncian además que darán instrucciones precisas a los diferentes Servicios de Asistencia Jurídica de los Colegios de Abogados especializados en extranjería y asilo para cumplir con el compromiso.
Más allá de sus capacidades, la Abogacía insta a Acnur y a la Subdirección General de Asilo del Ministerio del Interior a coordinar las acciones de protección más urgentes. “La UE se juega en esta crisis, quizás como nunca antes, su credibilidad como espacio de respeto de los Derechos Humanos. Las instituciones europeas no solo deben ser escrupulosas con el cumplimiento de las obligaciones financieras de los estados miembros sino también, y esencialmente, en la defensa e impulso de los derechos reconocidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”, sostienen.
