Transparencia Internacional denuncia que la Justicia española está saturada y es ineficaz en la lucha contra el soborno internacional. España es uno de los 41 países firmantes de la Convención contra el Soborno de la OCDE. Todos ellos son responsables de dos tercios de las exportaciones mundiales y del 90% de la inversión directa en el extranjero. En el 11º informe anual de Transparencia Internacional (TI), España suspende: es calificada como uno de los 22 países que no investigaron ni juzgaron ningún caso de soborno en los últimos cuatro años, incumpliendo así su obligación.
Porque el sistema de justicia en España está sobrecargado: «Actualmente, la Fiscalía General está investigando cerca de 800 casos de corrupción interna”, lo cual reduce los efectivos para la persecución del soborno en el extranjero. El informe considera que la justicia en España es «a menudo lenta e ineficaz», toda vez que “los retrasos en la tramitación de los casos suelen dar lugar a la prescripción de los delitos”. Según el informe, es probable que la entrada en vigor del Código Penal sea positivo, al prolongar el plazo por el los delitos expiran.
Una de las novedades está en la Ley de la Transparencia y Buen Gobierno, que entró en vigor en 2014. Sin embargo, Transparencia Internacional considera que es una ley de “deficiencias sustantivas”, cuyos principales problemas son “los retrasos en la implementación de la norma y los problemas tecnológicos del Portal de la Transparencia”
Pero para los autores del informe, el problema de España no es de legislación, sino de aplicación de la misma: el marco jurídico ya no presenta deficiencias, pero persisten la «lentidud de la justicia, la escasa protección a los denunciantes, la escasa información estadística, la clara insuficiencia de medios, o la necesidad de formación» para los agentes relacionados, en palabras de Jesús Lizcano, presidente de Amnistía Internacional España.
La ONG cree que la protección de los denunciantes sigue siendo débil a pesar de algunas mejoras, y subraya la “falta de conciencia pública sobre el delito de cohecho extranjero”. También considera que los dispositivos de contabilidad y auditoría son inadecuados y que España sufre de problemas de comunicación entre instituciones internas e internacionales que viene de mucho tiempo atrás.
En este contexto, el grupo de trabajo recomienda a España que adopte con urgencia un paquete de medidas para garantizar “que las investigaciones no se archivan antes de tiempo”.
No obstante, España no está sola en esta reprimenda. Casi la mitad de los firmantes, 22 países, no investigaron ni juzgaron ningún caso de soborno en los últimos cuatro años, incumpliendo así su obligación. Sólo cuatro países (Alemania, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos) actuaron de forma activa en contra de las empresas que sobornan a funcionarios extranjeros.
