Las ‘otras’ medidas de Carmena tras la polémica de la web ‘Versión Original’

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Las ‘otras’ medidas de Carmena tras la polémica de la web ‘Versión Original’

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid

La controvertida iniciativa para desmentir a los medios desluce algunas de las medidas más potentes del nuevo consistorio desde su conformación. Ahorrar un millón de euros en cargos directivos del Ayuntamiento de Madrid, echar a andar la Oficina de Intermediación Hipotecaria y publicar la recopilación de los contratos de Mercamadrid, sobre los que la concejalía de Economía ha abierto una investigación por posibles irregularidades.

Esas han sido algunas de las principales medidas que el equipo de Manuela Carmena ha puesto en marcha mientras la polémica por la apertura de la web ‘Versión Original’ copaba casi todos los titulares sobre el consistorio. La alcaldesa planeaba armarse frente a las críticas y malentendidos entre miembros del equipo con la prensa, pero ‘VO’ ha acabado difuminando una de las semanas con más actividad ejecutiva de la nueva corporación.

La medida más contundente era la eliminación de 10 direcciones generales y 9 coordinaciones generales, que se han sustituido por 5 y 4 unidades de dirección, respectivamente. Esto se traduce en 131 cargos eventuales, 56 menos que los que permite la Ley de Capitalidad, y frente a los 207 que se contaban en el consistorio de Ana Botella. Según informa el Ayuntamiento, esa reducción supone un ahorro en salarios de 1.015.137 euros.

“Se suprimen puestos directivos con competencias solapadas, los concejales asumen un compromiso de gestión muy superior al de sus antecesores y varias áreas de Gobierno comparten una misma secretaría general técnica”, apuntan desde el Ayuntamiento. Carmena quiere “poner en valor la capacidad de los 26.000 trabajadores municipales”, por lo que algunos de esos puestos eventuales serán ocupados por funcionarios, y “se fomentará la promoción interna”.

El mismo día en que nacía la web ‘Versión Original’, que cosechaba “elogios” de censura desde algunos frentes políticos y periodísticos, se ponía en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Conformada por tres trabajadores sociales y tres administrativos, más el apoyo de una fundación de notarios expertos en intermediación que ha ganado la licitación, la oficina se dirige a “personas en situación de sobreendeudamiento como consecuencia de la adquisición de su vivienda habitual”.

El nuevo órgano para evitar los desahucios en la capital quiere ganar tiempo frente a las órdenes de desalojo de primeras viviendas, por lo que anima a todos aquellos con problemas para hacer frente a los pagos por su vivienda habitual a poner su situación en conocimiento de la Oficina. Cuando no sea posible evitar el desahucio, el órgano actuará “buscando alternativas de alojamiento».

«Mediaremos en todos aquellos procesos de impago de hipotecas bancarias tratando de buscar soluciones para que las familias afectadas puedan conservar sus viviendas”, afirmaba la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

Durante la pasada semana también se conoció que el Ayuntamiento concluía con la recopilación de los contratos de Mercamadrid, sobre los que pesan investigaciones por irregularidades en la concesión y el contrato de alquiler. El concejal Carlos Sánchez Mato, explicaba que los hechos se remontan a julio de 2001, cuando Mercamadrid, una empresa mixta cuyo accionista mayoritario es el Ayuntamiento de Madrid, adjudicó un concurso para explotar un hotel y una zona de restauración a la empresa Konin 22, que posteriormente traspasó el derecho a Mercaocio. A cambio, la empresa debía pagar un canon, un compromiso que dejó de cumplir en 2010.

La empresa acumuló una deuda de 700.000 euros con Mercamadrid, que inició acciones judiciales, y también Mercaocio que reclamó en ese momento ocho millones por un aparente incumplimiento del contrato, ya que acusó al Ayuntamiento no haber concedido las licencias oportunas. Los dos pleitos concluyen en un acuerdo extrajudicial en 2013, pero la actual concejalía continúa investigando “si hay indicios de un posible delito se pondrá toda la documentación a disposición de la Fiscalía”. «Tanto si ha habido mala gestión como si se trata de acciones delictivas, la obligación de este equipo de Gobierno es ofrecer toda la información que obra en su poder a los medios de comunicación y a los ciudadanos», apuntaba el concejal Sánchez Mato.

La alcaldesa iniciaba otras medidas, como plantear la necesidad de un plan integral para Cañada Real, en una semana en la que también se ha concluido la reestructuración de las áreas y los órganos del Ayuntamiento, “con el fin de optimizar su funcionamiento”.

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