La Marea Verde pide a Educación que paralice la LOMCE por el rechazo de los Gobiernos autonómicos

Educación

La Marea Verde pide a Educación que paralice la LOMCE por el rechazo de los Gobiernos autonómicos

Camiseta de la Marea Verde

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública considera que el cambio político en las comunidades autónomas abandera el rechazo a la ley. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública exige al Ministerio de Educación que “sea consecuente con la posición mayoritaria de los Gobiernos Autonómicos”, y por tanto, paralice la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) hasta que la derogue el nuevo Gobierno que surja de las próximas elecciones generales.

La demominada ‘Marea Verde’ afirma haber reiterado en numerosas ocasiones “que la LOMCE es una Ley nefasta que debe ser derogada de forma inmediata”. Pero en esta ocasión la comunidad educativa quiere hacer hincapié en el rechazo de los nuevos gobiernos autonómicos surgidos de los comicios del 24 de mayo: “Las pasadas elecciones autonómicas y municipales han modificado la realidad política y la mayoría de los Gobiernos Autonómicos han cambiado de manos y, con ello, de orientación política”, escribe la plataforma en un comunicado.

Consideran que “la ciudadanía rechaza mayoritariamente las políticas que se han practicado en los últimos años, los recortes que hemos sufrido y la LOMCE”, por lo que no es válido el argumento de que “la mayoría de los Gobiernos Autonómicos tenían el mismo color político que el Gobierno del Estado y que estos seguirían las instrucciones que diera el Partido Popular”. En este punto, la Marea Verde destaca que solo dos comunidades autónomas “que han aprobado los Decretos de currículo que deben implantarse en el próximo curso escolar, es seguro que lo harán: Madrid y Castilla y León”. Incluso esta última lo hace manteniendo “serias discrepancias con la LOMCE”.

Ante este panorama regional, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública pide derogar la ley, que significa una “contrarreforma” planeada por el gobierno a las leyes anteriores. Según los activistas por la escuela pública, el Ejecutivo pretende poner en marcha la ley “de forma acelerada para intentar concluir su implantación antes de que otro Gobierno pueda derogarla, señal inequívoca que actúa deliberadamente en solitario y contra todos los demás”.

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