Jueces para la Democracia denuncia presiones de la CEOE

Justicia

Jueces para la Democracia denuncia presiones de la CEOE

Mazo de juez

La plataforma de jueces apunta que las presiones vienen por la aplicación jurídica de la reforma laboral, que está llena de «lagunas y contradicciones». La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado “presiones de la CEOE a la judicatura”, por la aplicación jurídica de la reforma laboral de 2012 en los tribunales. La plataforma de jueces acusa a la patronal de acusar a los tribunales de interpretar “la ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica”, y de “forzar la voluntad del legislador”.

Con estas palabras los jueces se refieren a los argumentos que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) recoge en su «Informe sobre singularidades socioeconómicas del mercado laboral español» para afirmar que España sufre “inseguridad jurídica aparejada a los procedimientos de despido colectivos”, entre otros aspectos.

El primer argumento de JpD es que la reforma laboral es “una normativa llena de lagunas y contradicciones”, por lo que es considerada una ley que “adolece, al margen de las concretas políticas que implementa, una deficiente técnica legislativa”.

Por otro lado, la plataforma de jueces denuncia que “las reducciones exponenciales de la plantilla y de los medios” son, en su opinión, el motivo por el que la jurisdicción se encuentra en “colapso”, así como de “las demoras inasumibles para los justiciables”. Jueces para la Democracia califica de “acusación totalmente insostenible” la idea de que los jueces estén “torciendo la voluntad del legislador, especialmente en el enjuiciamiento de los despidos colectivos”, afirma el comunicado de la plataforma.

Para corroborar su argumento, JpD recuerda que “apenas el 1,2% del total de extinciones”, en referencia a procedimientos de despidos colectivos, “han tenido una sentencia en la que se declara su nulidad o su condición de no ajustada a derecho». “Reiteramos: apenas el 1,2 por ciento. ¿Son esos datos de los que pueda desprenderse una posición ultraproteccionista de los y las jueces de lo social hacia los trabajadores?”, clama la asociación.

“Si acudimos a los datos estadísticos podrá fácilmente comprobarse cómo los Tribunales Superiores de Justicia han dictado a lo largo de los años 2012 a 2014 un total de 237 sentencias sobre despidos colectivos, de las que se han estimado 107 y 130 han sido desestimadas”, prosigue la plataforma en defensa de la judicatura.

JpD considera que “quizás la reflexión sobre esas críticas tan reiteradas deba situarse en otros parámetros: la mera presión a los magistrados y magistradas para que se decanten a favor de una de las partes, y no, precisamente, la que menos poder contractual tiene”. Con ello la plataforma sugiere que, “tal vez, al fin, lo que se pretende es eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial”. En cualquier caso, piden poder ejecer con libertad su “función, como jueces/as constitucionales y comunitarios, y nuestra obligación de recordar que hay determinados límites que son indisponibles por el legislador de turno, y ello no en base a un uso alternativo del derecho (como se nos reprocha), sino por elemental y obligado respeto al sistema de fuentes de nuestro marco jurídico constitucional”.

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