La Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla-la Mancha crean una comisión mixta para solucionar las irregularidades. “La Administración General del Estado considera que diez artículos de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha serían inconstitucionales, según Ecologistas en Acción, que se basa en el anuncio publicado ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se informa de la creación de una comisión mixta entre el Gobierno central y la Junta.
Explica la ONG ecologista que “la Comisión Mixta tiene por objeto resolver las discrepancias en relación a la constitucionalidad de la norma objeto de controversia, en este caso la ley regional de caza, y es el paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
E informa que “los artículos motivo de controversia son los número 7, 8, 26, 28, 48, 49, 50, 70, 74 y 86 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha”. Unos artículos que “afectan, entre otras, a materias tan esenciales como las especies objeto de caza y de control de poblaciones, las responsabilidades por daños, los medios de caza y las prohibiciones para la protección de la caza o la delimitación y anulación de terrenos cinegéticos y no cinegéticos”.
En la resolución del 15 de junio de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas, que recoge Europa Press, se explica que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con los artículos 7 y 8 de esta norma, relativos a las especies objeto de caza y de control de poblaciones y a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas
Y también en relación a los artículos 26, sobre los medios prohibidos de caza y de control de poblaciones, y 28, que recoge las autorizaciones excepcionales para control de poblaciones cinegéticas, también han suscitado diferencias entre las dos administraciones.
Al igual que el artículo 48, que contempla la anulación de la condición de Coto de Caza o Zona Colectiva de Caza, el 49, de terrenos no cinegéticos en general, y el 50, relativo a terrenos enclavados.
Igualmente, los artículos 70, sobre las funciones de los agentes de la Autoridad para el cumplimento de la legislación en materia de caza; el 74, que recoge las consideradas como infracciones graves, y el 80, sobre decomisos, serán objeto de estudio de dicha comisión.
Y se contempla en dicho acuerdo, suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero del ramo castellano-manchego, Leandro Esteban, designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Un acuerdo que se comunica al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en la Ley Orgánica del TC.
La puntilla a esta controvertida norma
“Esta situación, a juicio de Ecologistas en Acción, da la puntilla a esta controvertida norma que ha sido impulsada por el Gobierno saliente de María Dolores de Cospedal frente a los deseos de la mayoría de la opinión pública castellano-manchega”.
Y da la razón a este colectivo que considera que “ya no queda otra que rehacer la normativa cinegética desde cero, redactando una nueva ley, moderna y actualizada, que dé seguridad y protección a los recursos naturales y a los distintos usuarios del medio natural”.
En este sentido, desde Ecologistas se recuerda que “tanto el PSOE-CLM como Podemos incorporaron en sus programas la eliminación de la ley de caza y su sustitución por una nueva normativa cinegética. Por lo que dicen esperar que “uno de los primeros pasos a dar por el nuevo Gobierno sea el de poner orden en el fiasco normativo, social y ambiental que representa la ley de caza regional”.
