Según el barómetro del CIS, el malestar por la inseguridad preocupa al 2,7% de la población en 2015 frente al 16% de 2006. La preocupación de la población española respecto a la seguridad ciudadana no ha hecho más que disminuir durante los últimos diez años, según los sucesivos barómetros de opinión realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 2006, la inseguridad era uno de los principales problemas para el 16% de los ciudadanos -en un apartado diferenciado del terrorismo-.
El último barómetro de 2015, diez ejercicios más tarde, revela que la inseguridad ciudadana es el primer problema para el 0,2% de la población, el segundo problema para el 1,3% y el tercer problema para el 1,2%. En total, la inseguridad ciudadana es uno de los tres principales problemas para el 2,7% de la población en el año en el que saldrá adelante la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, lo que supone casi un 80% menos.
Uno de los argumentos con los que el actual Ejecutivo defiende la modificación de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992 es una demanda creciente de la ciudadanía respecto a la seguridad y el uso del espacio público. Textualmente, la que muchos han apodado como “Ley Mordaza”, sugiere en el segundo apartado del preámbulo que “los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto […] justifican sobradamente un cambio legislativo”.
Sin embargo, el malestar ciudadano respecto a la inseguridad ha sido relegado a un segundo plano. El recrudecimiento de la crisis económica y la falta de empleo han copado el pódium del barómetro, en el que los ciudadanos sitúan los frentes que más problemas generan según su visión de la sociedad. 2006 y 2007 son los únicos años de la serie en los que el paro no es la primera preocupación, sustituida por la inmigración y la vivienda, respectivamente.
Inseguridad ciudadana frente a corrupción política
A partir de 2008 y hasta hoy el desempleo gana la medalla en la carrera de los problemas sociales. Seguido recurrentemente por la inmigración, los problemas de índole económica y la vivienda, en 2010 hace su aparición estelar la clase política. Poco después, la corrupción avanza hasta los tres primeros puestos, y queda como el segundo problema más grave para los españoles tras el paro desde 2013 hasta hoy.
La Ley de Seguridad Ciudadana que entrará en vigor mañana 1 de julio está obteniendo una fuerte contestación por los partidos de la oposición, las plataformas ciudadanas, sindicatos, profesionales de los medios de comunicación y un largo etcétera. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha redactado una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones competentes en lo relativo a “registros corporales externos, al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de información y al rechazo de personas migrantes”.
