La próxima votación tendrá lugar el viernes. La socialista necesita que al menos 16 miembros de otros partidos la apoyen en su ascenso a la presidencia de Andalucía. La primera votación para la investidura de Susana Díaz se ha celebrado sin sorpresas. Tal y como habían anunciado los portavoces de los distintos partidos con representación en el nuevo Parlamento andaluz, sólo el PSOE ha respaldado el nombramiento de la líder socialista como presidenta de la Junta de Andalucía.
Díaz tan solo ha conseguido el voto de favor de los 47 diputados regionales de la bancada socialista. El resto de parlamentarios, 62 en total, se han manifestado en contra de la investidura. Dado que PP, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida-Los Verdes han rechazado su nombramiento y éste requería de mayoría absoluta para su aprobación, se ha convocado una segunda votación para el próximo viernes.
En esta ocasión, la candidata socialista sólo requerirá de mayoría simple. No obstante, si el tono negativo de los partidos distintos al PSOE se repite, Díaz podría encontrar más problemas de los esperados para poder iniciar su legislatura. Y es que, la líder socialista necesita que al menos 16 abstenciones para conseguir su objetivo a las 11:00 de la mañana del próximo viernes, que es para cuando se ha convocado el nuevo pleno.
Si no logra la abstención de algún grupo político para conseguir la mayoría simple, se podrán tramitar sucesivas propuestas que podrán ser sometidas a votación cada 48 horas. El Estatuto de Autonomía prevé además que en caso de que transcurran dos meses desde la primera votación celebrada este martes, el Parlamento quedaría automáticamente disuelto y deberían convocarse nuevas elecciones.
Para evitar un nuevo paso anticipado por las urnas después del acontecido el marzo pasado por el desgaste de la coalición entre PSOE e IU, Susana Díaz ha instado a algunos partidos a que cumplan su promesa electoral de permitir gobernar a la lista más votada. En este caso, la suya. Además ha subrayado que así los andaluces podrán contar ya con un Gobierno que legisle para ellos y una oposición que “vigile” que el Ejecutivo se desempeñe correctamente en sus funciones.
