El colectivo dice que el compromiso del ministro de Sanidad de ampliar la atención sanitaria a los ‘sin papeles’ se puede reducir en una frase: “Mucho ruido y ninguna nuez”. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha arremetido contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, por prometer hace casi un mes que atendería a los inmigrantes irregulares en los centros de salud y no haber movido todavía ‘ni un dedo’ para hacerlo realidad. A juicio del colectivo, este compromiso no es más que una “operación de marketing” que puede resumirse en una frase: “Mucho ruido y ninguna nuez”.
En una nota, la FADSP recuerda que el exportavoz del PP en el Congreso prometió el pasado 31 de marzo que se iba a ampliar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, que se realizaría a través de la Atención Primaria -aunque sin darles acceso a la tarjeta sanitaria-, y todavía no hay noticias al respecto.
Tal y como dice el colectivo, más de veinte días después, y cuando hace tres años que se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 de exclusión sanitaria, “nos encontramos, como era de sospechar, ante una operación de marketing electoralista”. La Federación remarca que a día de hoy la situación “no ha cambiado en absoluto” y dice que ni el Ministerio de Sanidad, ni el Gobierno, ni el PP en el Congreso y el Senado, ni ninguna de las administraciones autonómicas “han variado la situación preexistente a estas declaraciones que provocaron tanto ruido mediático”.
La FADSP señala que ya advirtió, cuando Alonso hizo este anuncio, de que “era muy probable que se tratase sólo de una operación mediática sin ningún contenido práctico”. También avisó de que, en su opinión, era “incongruente” el planteamiento que se hacia de limitar la atención sanitaria a la Atención Primaria sin dar acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, sobre todo porque “la práctica sanitaria hoy está condicionada a la utilización de los sistemas informáticos”.
Además, dijo en su día el colectivo, “sin tarjeta no se tendrá acceso a las pruebas diagnósticas, ni a la prescripción de los medicamentos necesarios, ni a la derivación a los especialistas”. Es decir, que en pleno 2015 a los inmigrantes irregulares “se les ofrece acceso a la medicina que se hacia en el siglo XIX y no a la del siglo XXI”.
El colectivo señala también que lleva mucho tiempo revindicando la necesidad de la “derogación” del mencionado Real Decreto porque “niega el derecho a la salud, que es un derecho humano básico que debe garantizarse a todas las personas que están en nuestro país”. Es por ello que tilda de “tremendo” lo ocurrido y dice que “produce vergüenza” ver cómo el máximo responsable de la administración sanitaria “juega con tanta frivolidad con la salud y la vida de las personas”.
