En su lugar, el magistrado admite la personación del partido como responsable civil subsidiario, posición desde la que considera que “debe articularse la pretensión” de los populares. El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, ha rechazado la personación del Partido Popular (PP) en el ‘caso Bárcenas’ como perjudicado por las prácticas de sus extesoreros. En su lugar, el magistrado ha aceptado que la formación de Mariano Rajoy entre en la causa como responsable civil subsidiario.
En un auto dictado este lunes, el juez comunica al PP que lo ha considerado como responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió sin notificar al fisco en 2008 y por el pago en negro de las obras de su sede de la madrileña calle Génova a la empresa Unifica. Además, ha explicado al partido que la causa está a su disposición.
Ruz también da traslado de los recursos interpuestos en esta pieza separada del ‘caso Gürtel’ por si el PP decide impugnarlos o adherirse a los mismos. “Si bien quedando limitada tal intervención procesal a los extremos que le son propios, cuál sería su propia consideración como sujeto pasivo de esa responsabilidad, la existencia de nexo causal en que asentar tal responsabilidad civil o el propio alcance de los daños y perjuicios provisionalmente atribuidos al delito”, precisa el auto distribuido por la Audiencia Nacional.
Para mayor claridad, el juez subraya que la “única condición que puede reconocerse, provisionalmente, al PP es la de responsable civil subsidiario”, después de que desde Génova pidieran personarse en las actuaciones y tener acceso a una copia íntegra de la causa. “Es desde esta posición desde donde debe reconducirse y articularse correctamente la pretensión procesal” del PP, señala el magistrado Ruz en su nuevo auto sobre el caso.
El juez ya había dado por acreditada el pasado marzo la existencia durante 18 años de una caja B en la formación política. Así optó por transformar las actuaciones sobre la contabilidad opaca en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y proponiendo que fueran juzgados, además de los dos exteroreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente popular Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
