El colectivo denuncia que un crédito para la adquisición de fármacos no es el remedio adecuado ante este problema. La ‘solución’ que ha encontrado el Gobierno a los problemas para financiar los medicamentos contra la hepatitis C, consistente en dar un crédito de 727 millones a las comunidades autónomas a interés cero para la adquisición de estos fármacos, no ha gustado nada a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El colectivo ha arremetido contra esta medida al considerar que supone una “violación de la legislación de financiación sanitaria” y que se ha adoptado por presiones de las farmacéuticas.
En una nota, el colectivo se muestra muy crítico con la decisión del Gobierno de financiar los nuevos medicamentos contra la hepatitis C con líneas de crédito debido a su elevado coste. A juicio de este colectivo de la Marea Blanca, se trata de una política errónea porque no sólo vulnera la legislación de financiación sanitaria, sino que también acaba con la “racionalidad y la equidad interterritorial” en cuanto al “reparto de los recursos entre los servicios de salud autonómicos”.
Para la FADSP, poner en marcha una medida como esta, es decir, que cada nuevo medicamento sea financiado con créditos específicos “al margen de los planes y presupuestos sanitarios de los Servicios de Salud” propiciará un “incremento de las desigualdades entre territorios y ciudadanos y a la insostenibilidad del sistema”.
Se trata de un modelo “no debatido ni consensuado por gobiernos ni servicios sanitarios autonómicos”, dice el colectivo, que se queja de que con él se “cambia la financiación basada en la planificación por problemas y necesidades por otra basada en la capacidad de presión política, social o profesional de la industria farmacéutica y de los colectivos controlados por la misma”.
En este sentido, remarca que “detrás de esta estrategia” están los laboratorios farmacéuticos multinacionales que “pretenden introducir en nuestro sistema sanitario público nuevos fármacos (antivirales, anticancerosos, biotecnológicos, etc.) que, según representantes de la propia industria, son imposibles de generalizar al conjunto de los afectados por su elevado precio”. Y es por eso que algunos colectivos han presionado al Ministerio de Sanidad que dirige Alfonso Alonso para que reserve determinadas partidas para ellos.
Como ejemplo, la FADSP pone el caso de la Asociación Contra el Cáncer, de la que dice que tiene “fuertes intereses cruzados con la industria” y que según dice planteó recientemente al Ministerio de Sanidad reservar una partida específica para costear los nuevos medicamentos oncológicos.
Es por ello que “frente a esta estrategia de nuevos medicamentos a precios elevadísimos, que no guardan relación con los gastos para su investigación o fabricación sino con la capacidad de presión de los laboratorios que los comercializan y que pondrían en riesgo para el sostenimiento de nuestro sistema sanitario público, universal y equitativo”, la FADSP considera que sólo caben cuatro propuestas.
En primer lugar, afirma que ha que cambiar el Modelo de Financiación Sanitaria haciendo que “descanse sobre impuestos directos que graven la riqueza en lugar del consumo” y cuyo reparto se base en la población y las necesidades asistenciales de cada comunidad autónoma.
Asimismo, como segunda medida, el colectivo sugiere “poner en marcha una industria farmacéutica pública” para investigar y desarrollar nuevos medicamentos a precios razonables, y la tercera propuesta contempla apostar por la “fabricación de medicamentos genéricos de alta calidad, siguiendo el ejemplo de las nuevas potencias emergentes como Brasil o la India”.
Por último, propone “desarrollar protocolos consensuados por comisiones independientes de la influencia de la industria para el tratamiento de las enfermedades basados en la evidencia científica”.
