Los extrabajadores de la televisión madrileña compartirán abogado con el Sindicato Unificado de Policía, que interpuso la denuncia. El Juzgado Número 5 de Estepona ha admitido la personación como acusación popular de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) en la causa que investiga el origen del ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tiene en propiedad en la urbanización Alhambra Golf de la localidad malagueña.
Según informan los sindicatos de Salvemos Telemadrid, el auto del juzgado establece que al concurrir varias acusaciones populares en la causa, “la AGTPM debe actuar bajo la misma dirección letrada y representación que la primera acusación popular que interpuso la denuncia, en este caso el Sindicato Unificado de Policía (SUP)”.
No es la primera vez que la asociación de afectados, compuesta en su totalidad por los 861 trabajadores despedidos de Telemadrid hace dos años, colabora en la ya famosa causa del ático, cuyo último capítulo se produjo ayer con la denuncia del comisario Villarejo contra Ignacio González por acusarle de “chantaje y “extorsión”.
En julio de 2013, representantes de la AGTPM comparecieron ante el fiscal anticorrupción de Málaga y le entregaron un extenso informe y documentación donde se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con Enrique Cerezo. Precisamente, en la denuncia de Villarejo contra González se apunta a la supuesta relación del presidente del Atlético de Madrid con el ático de Estepona.
“En el momento en el que se produjeron las adjudicaciones, Ignacio González presidía el Canal de Isabel II y era el responsable político que tenía las competencias en materia audiovisual en la Comunidad de Madrid”, explica Salvemos Telemadrid, que apunta a la posibilidad de que Ignacio González podría haber adquirido el ático con recursos relacionados con el entorno de Enrique Cerezo.
Con esta documentación, la AGTPM presentó en marzo de 2014 una querella ante el Tribunal Supremo contra Ignacio González. En el mes de julio, el tribunal archivó la querella al considerar “que no contiene ningún dato objetivo que justifique la apertura de un procedimiento penal”. No obstante, instaba al juzgado de Estepona a continuar con las pesquisas sobre el origen del ático.
