El Consejo de Ministros modifica la reforma del Poder Judicial y las tasas judiciales. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el que se incluye un aumento a siete del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
De este modo, y tan sólo después de año y medio de ser aprobada en junio de 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón en la cartera de Justicia, el Gobierno “autoenmienda” su propia reforma de la LOPJ, que fue la que modificó la constitución y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y redujo el número de miembros del mismo con dedicación exclusiva, una reforma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El Proyecto de la LOPJ aprobado hoy por el Consejo de Ministros poco tiene que ver con la reforma impulsada por Gallardón en 2013, tal y como recuerda Europa Press, quien hace notar que del anteproyecto anunciado entonces se han caído aspectos como la potestad del CGPJ de ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta “perturbada” su independencia judicial.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “busca una mayor especialización para la mejor resolución de asuntos”. “También -según Catalá- mejorará la calidad de las resoluciones e incrementará la seguridad jurídica y la independencia judicial”, añadiendo el ministro que con las reformas aprobadas hoy “avanzamos en la mejora de la calidad de las resoluciones judiciales”.
También rectifica en las tasas
Además de la polémica LOPJ, el Consejo de Ministros también ha ‘autoenmendado’ otra de las medidas más controvertidas de Gallardón: la implantación de tasas judiciales, que se suprimen para las personas físicas “en todas las instancias y en todos los órdenes”.
Pero el Ejecutivo sólo las suprime para las personas físicas y no para las pymes como pide el Consejo General de la Abogacía Española. Al ministro le han preguntado por qué no se suprimen también para las pymes, y Catalá ha respondido que no se hace porque las pequeñas y medianas empresas “tienen un tratamiento singular” recordando que “en el proceso civil hasta 2.000 euros están exentas y es razonable pensar que los litigios sean de menor cuantía” y argumenta también el ministro que las pymes pueden desgravarse estas tasas del Impuesto de Sociedades.
Catalá no considera que la supresión de estas tasas sea una enmienda a Gallardón y dice que desde el Ministerio de Justicia “se ha estado evaluando el impacto de las tasas” para tomar esta medida.
Además, considera que “no se puede concluir que ha habido un impacto directo e inmediato en la reducción de la litigiosidad”, asegurando el ministro que dicha acusación, vertida por distintos colectivos judiciales, ”no está acreditada”.
E insiste el titular de Justicia que la medida se ha tomado porque “hoy la situación del conjunto de la economía les permite redefinir la política fiscal y las tasas son, al fin y al cabo, un tributo, por lo que ha decidido suprimirlas para las personas físicas.
A la pregunta de dónde van las tasas judiciales, ya que no se están destinando a financiar la justicia gratuita, como prometió Gallardón, respondió Catalá que no es que el Gobierno no sepa a dónde van las tasas, sino que van a “a la Agencia Tributaria, a la caja común” y ha reconocido que no se utilizan ni se utilizarán para financiar la justicia gratuita.
